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Política 26 de Julio de 2026 · 18:45h 2 min de lectura

La Xunta advierte sobre la grave situación financiera de la UDC y exige medidas correctoras

La Xunta de Galicia considera que la situación económica de la Universidade da Coruña (UDC) es "preocupante" y ha solicitado acciones para garantizar una gestión responsable de los fondos públicos.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha señalado que una auditoría preliminar revela cifras alarmantes, aunque aún no definitiva, que reflejan desequilibrios financieros en la institución universitaria. La Xunta mantiene un plan de financiación acordado con los rectores, pero la situación de la UDC genera inquietud en el ámbito político y académico.

Este escenario tiene implicaciones importantes. La gestión de recursos públicos en la universidad puede afectar la percepción de la eficiencia del gasto en educación superior, además de influir en la orientación futura de la institución. La Xunta reclama transparencia y responsabilidad para evitar que los problemas económicos impacten en la calidad académica y en la estabilidad del centro.

El contexto político en Galicia es complejo, con tensiones entre el gobierno autonómico y las instituciones académicas en torno al control del gasto y la financiación universitaria. La UDC, como una de las universidades públicas más tradicionales, se encuentra en una situación que refleja los desafíos del sistema universitario gallego en un escenario presupuestario cada vez más exigente.

El Gobierno autonómico ya propuso en su momento un plan de reajuste financiero, y ahora insiste en que la universidad implemente medidas que aseguren un equilibrio económico. La decisión se enmarca en la necesidad de mantener la sostenibilidad del sistema universitario gallego y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Mirando hacia el futuro, la situación de la UDC podría marcar un precedente para otras instituciones académicas en Galicia. La transparencia en la gestión y las reformas estructurales serán clave para afrontar los retos económicos y garantizar la continuidad de la calidad educativa en la comunidad autónoma.

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