La Xunta aún no limpia las franjas de seguridad contra incendios en zonas de alto riesgo en Galicia

En pleno verano y con temperaturas extremas, la Xunta de Galicia continúa sin realizar tareas de limpieza en las franjas de seguridad contra incendios en numerosas parroquias catalogadas como de riesgo máximo. La omisión afecta a municipios de menos de 10.000 habitantes y representa un peligro para el medio ambiente, las personas y la economía local.

Este retraso se produce en un contexto en el que los incendios forestales han aumentado en virulencia en los últimos años, evidenciando la necesidad de políticas efectivas de prevención. La gestión forestal y la planificación rural se ven afectadas por la falta de recursos y de una estrategia integral que garantice un monte en mosaico y productivo, en lugar de un monocultivo de eucaliptos.

El Gobierno del PP en la Xunta ha sido criticado por mantener presupuestos de prevención sin ejecutar, dejando en la sombra 95 millones de euros en los últimos seis años, dinero destinado a la prevención de incendios que no se utilizó pese a las reiteradas olas de fuego en Galicia. La falta de inversión y planificación contribuye a un aumento en la vulnerabilidad ante los incendios de nueva generación.

Por su parte, el sector del vino en Galicia, clave para la economía rural y la lucha contra la despoblación, podría jugar un papel importante en la prevención y en el mantenimiento del medio rural. Sin embargo, las bodegas y productores denuncian la falta de apoyo y planificación por parte de la Xunta, lo que limita su potencial para contribuir a un modelo rural más vivo y resiliente.

Desde el BNG, Ana Pontón aboga por un cambio en las políticas forestales y rurales, con recursos específicos y una ley del vino que potencie el sector. La perspectiva futura pasa por una mayor inversión en prevención, un modelo forestal sostenible y un sector agrícola fortalecido, que ayude a reducir la vulnerabilidad ante los incendios y fomente el desarrollo rural.

El reto para Galicia es consolidar un modelo que combine protección ambiental y desarrollo económico, adaptándose a los nuevos desafíos del cambio climático y las olas de calor. Solo con una gestión eficiente y recursos adecuados se podrá garantizar la seguridad y sostenibilidad del territorio en los próximos años.