La Xunta impulsa diálogo social sin CIG para abordar el absentismo laboral
La Xunta de Galicia ha aprobado un decreto que institucionaliza el diálogo social en la comunidad, excluyendo a la CIG, la central sindical mayoritaria. La medida busca potenciar la negociación y la colaboración entre las organizaciones empresariales y algunos sindicatos, representando a las principales fuerzas sociales, pero sin la participación de la CIG, que rechaza este proceso.
El decreto, aprobado en el Consello, establece la estructura y funcionamiento de este espacio de diálogo, que incluirá comisiones, mesas sectoriales e intersectoriales. Entre sus objetivos destaca la elaboración de estudios y planes para reducir el absentismo laboral, un problema que preocupa a las instituciones y que se vincula a las condiciones laborales y la prevención de riesgos.
El contexto político revela un intento de la Xunta de consolidar un marco de negociación más controlado y menos inclusivo, en un momento de tensión con la CIG, que denuncia la exclusión y acusa a la medida de ser una pantomima que favorece a la patronal y al Gobierno. La confrontación refleja también las diferentes visiones sobre el diálogo social en Galicia y las competencias de la comunidad en materia laboral.
El Gobierno gallego defiende este decreto como un paso estratégico para fortalecer la colaboración y abordar retos económicos y sociales. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha alertado sobre posibles invasiones de competencias estatales y ha amenazado con recurrir el plan contra el absentismo si se considera que vulnera la legalidad.
De cara al futuro, la iniciativa sitúa a Galicia en una senda de mayor control institucional del diálogo social, con posibles implicaciones en la representatividad de los actores laborales. La falta de participación de la CIG sugiere que las tensiones en el ámbito sindical seguirán siendo un elemento clave en la política laboral de la comunidad.
En un contexto más amplio, el debate refleja la polarización en torno a la negociación colectiva en Galicia y la lucha por definir quiénes deben tener voz en las decisiones que afectan al mercado laboral y a los derechos de los trabajadores.