La Xunta no aclara quién encargó el desbroce que provocó el segundo mayor incendio de Galicia

El incendio de Oímbra en Ourense, que quemó más de 22.000 hectáreas, se originó tras un desbroce realizado en condiciones extremas el verano pasado. La Xunta evitó precisar quién dio la orden para esa tarea, que se realizó en medio de una ola de incendios y en un período en el que estaban prohibidas esas labores.

Este hecho se ha convertido en un foco de controversia política. El BNG exige responsabilidades y dimisiones por la supuesta negligencia, señalando que la actuación se autorizó sin la debida supervisión, en un contexto de gestión deficiente por parte de la Xunta y las administraciones locales.

La polémica se centra en la responsabilidad de la empresa pública Seaga y de la alcaldesa de Oímbra, acusadas de permitir trabajos peligrosos en un momento de alta vulnerabilidad. La falta de claridad sobre quién ordenó el desbroce alimenta las críticas, que apuntan a una posible negligencia política y administrativa.

Desde la Xunta, el director xeral de Defensa do Monte evitó responder a quién dio la orden, alegando que la investigación judicial está en curso. Sin embargo, destacó la rápida movilización de recursos y medios tras la notificación del incendio, y calificó los esfuerzos de contención como efectivos, pese a la magnitud del desastre.

El debate político revela un trasfondo de gestión deficiente en la prevención de incendios. El BNG y otros grupos políticos critican que las políticas de protección forestal sigan siendo insuficientes y que la planificación no haya evitado tragedias como ésta. La responsabilidad política, según ellos, va más allá de las causas judiciales.

Mirando hacia el futuro, la polémica impulsa un cuestionamiento más profundo sobre la gestión forestal en Galicia. La necesidad de una estrategia clara y transparente, así como de responsables políticos comprometidos, se hace más evidente en un contexto de aumento de incendios y cambios climáticos.