Procesan a exdirectivos de El Correo Gallego por alzamiento de bienes y apropiación indebida
El Tribunal de Instancia de Santiago ha dictado auto de procesamiento contra José Manuel Rey Novoa y Ángel Remesar, exdirectivos de El Correo Gallego, por un entramado societario que oculta 2,7 millones de euros en deudas y que habría evitado el pago a trabajadores y acreedores. La investigación, basada en un amplio informe de la UDEF, revela maniobras para desviar fondos y evitar embargos, en un contexto de quiebra agravada por la pandemia.
Este entramado empresarial permitía que los ingresos de la cabecera se redistribuyeran en cuentas de distintas sociedades y personas físicas, dificultando el cobro por parte de Hacienda, Seguridad Social y otros acreedores. La gestión irregular incluyó la venta simulada de activos y operaciones con personas con antecedentes por estafa. La situación económica de la empresa se agravó tras entrar en preconcurso en 2022, con deudas millonarias y embargos que no lograron evitar su declive.
Las implicaciones de la causa afectan no solo a los responsables directos, sino también al panorama mediático gallego, donde la transparencia y la responsabilidad en la gestión empresarial son clave. La denuncia revela un patrón de conducta que, de confirmarse en juicio, podría implicar a más actores y modificar la percepción sobre la gestión de medios tradicionales en Galicia.
Desde un enfoque político, el caso pone de relieve la necesidad de una mayor supervisión y regulación en la gestión de empresas mediáticas públicas y privadas. La posible implicación de influencias políticas en decisiones financieras y en la concesión de créditos públicos genera inquietud sobre la influencia de intereses particulares en la gestión de recursos públicos y privados en la comunidad.
De cara al futuro, la resolución del proceso judicial será determinante para esclarecer responsabilidades y establecer un precedente en la lucha contra la corrupción empresarial. La transparencia en la gestión de empresas y la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores seguirán siendo prioridades en el debate público en Galicia.