Alcoa debe devolver 36,6 millones por ayudas tras cierre de San Cibrao
La Audiencia Nacional ha dictaminado que Alcoa debe devolver al Estado casi 37 millones de euros en ayudas públicas. La resolución, fechada en mayo de 2026, ratifica la decisión del Ministerio de Industria, que consideró que la paralización de las cubas y el despido colectivo en el complejo de San Cibrao en 2020 incumplían las condiciones para recibir dichas subvenciones.
El conflicto se remonta a la comunicación por parte de Alcoa en octubre de 2020 de un despido colectivo en plena parada de producción. La empresa alegó que dicha decisión fue anulada posteriormente por los tribunales, pero la Audiencia Nacional concluye que el incumplimiento se produjo por la declaración del despido colectivo, no por la comunicación individual a los trabajadores. Esto afecta directamente a las ayudas destinadas a compensar costes de emisiones de CO2, que estaban condicionadas a mantener la actividad productiva.
El fallo también señala que la empresa intentó justificar su cierre total alegando que la anulación del ERE dejaba sin efecto la comunicación del despido, pero la justicia considera que la paralización de la producción de aluminio en San Cibrao fue total, afectando a un 99% del consumo eléctrico y a la actividad subvencionada principal. Esto contradice los requisitos de las ayudas, lo que llevó a la devolución de fondos.
Desde el punto de vista político, este caso refleja las dificultades existentes en la gestión de ayudas a la industria en un contexto de desaceleración económica y debates sobre la sostenibilidad del sector del aluminio en Galicia. La decisión judicial refuerza la necesidad de que las empresas cumplan estrictamente las condiciones para acceder a subvenciones públicas.
El impacto económico para Alcoa será significativo, además de abrir la puerta a posibles recursos legales. La situación pone en evidencia los desafíos regulatorios y de supervisión en la gestión de ayudas públicas a industrias estratégicas, en un momento donde la política industrial y energética está bajo escrutinio en toda Europa.
En un escenario futuro, la resolución puede influir en la revisión de las condiciones de las ayudas y en la actitud de otras compañías en casos similares. Además, refuerza la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la normativa en la gestión de fondos públicos para evitar nuevas reclamaciones y sanciones.