Aprobada en el Congreso la ley para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo de PP y Vox
El texto pactado por PSOE, BNG y Sumar para la transferencia de la gestión de la AP-9 ha sido aprobado en la ponencia del Congreso con apoyo de todos los grupos, excepto PP y Vox, que votaron en contra. La aprobación implica que el proceso continúa hacia el pleno, donde requiere mayoría absoluta para su aprobación definitiva.
Este acuerdo surge en un contexto de tensión política entre el Gobierno central y los partidos de la oposición. La transferencia de la autopista, considerada un elemento clave en la infraestructura gallega, ha generado debates sobre las condiciones económicas y la influencia del Estado en la gestión regional. El Gobierno gallego, liderado por Alfonso Rueda, ha expresado su respaldo al proceso, aunque con reservas respecto a las condiciones del acuerdo.
La implicación principal es la posible transferencia de la titularidad de la autopista, que pasaría a manos de la Xunta. Esto podría afectar la gestión de tarifas, inversiones y mantenimiento, además de marcar un precedente en la autonomía regional en infraestructuras de transporte. La oposición, especialmente PP y Vox, argumenta que el acuerdo rebaja las condiciones económicas y que no respeta el pacto previo en Galicia.
El proceso legislativo aún requiere pasar por el Senado y obtener la ratificación definitiva. La mayoría en el Congreso, con apoyos de otros grupos, confía en superar la oposición, pero la fragmentación política añade incertidumbre. La ley, en caso de aprobarse, redefiniría la relación entre el Estado y la Xunta en materia de infraestructuras estratégicas.
Este movimiento refleja la creciente tendencia a la descentralización en Galicia. La transferencia de competencias en infraestructuras es vista por las fuerzas regionalistas como una oportunidad para fortalecer la autonomía. Sin embargo, la postura del Gobierno central indica que el proceso está condicionado a las negociaciones y a la aprobación final en ambas cámaras.
El futuro de la transferencia dependerá del desarrollo del proceso legislativo y de la capacidad de consenso en el Congreso. La decisión tendrá impacto en la gestión de la autopista y en la relación institucional entre Galicia y el Estado, en un momento en que la autonomía regional continúa siendo un tema central en la política española.