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Política 14 de Agosto de 2026 · 14:47h 2 min de lectura

El PSdeG exige que fondos de dependencia se destinen a derechos en Galicia

El Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha reclamado que los 270 millones de euros adicionales aportados por el Estado en materia de dependencia se utilicen para garantizar derechos, no como ayuda caritativa. La portavoz Silvia Longueira destacó que estos fondos, que llegan desde julio, deben traducirse en una inversión media mensual de 1.320 euros por persona para grandes dependientes, y que la Xunta debe cubrir la otra mitad.

Este debate surge en un contexto político marcado por la gestión de la dependencia en Galicia, donde el Gobierno autonómico ha sido criticado por tratar el sistema como una ayuda social en lugar de un derecho reconocido legalmente. La polémica también se centra en la deuda del Estado con Galicia, atribuida en parte a recortes del Gobierno de Rajoy entre 2011 y 2018, que redujeron las contribuciones al sistema.

Desde el punto de vista político, los socialistas consideran que la administración de Rueda debe adoptar una postura más firme para reclamar esas aportaciones pendientes y garantizar una financiación adecuada. Además, subrayan la importancia de aumentar las cuantías para los grados de dependencia, que en algunos casos se han incrementado sustancialmente, pero aún no reflejan una cobertura real de los derechos.

El debate también refleja la tensión entre la política social y la gestión presupuestaria en Galicia, donde el Gobierno autonómico ha optado por presentar la dependencia como un sistema de ayuda, en lugar de un derecho. La postura socialista apuesta por un cambio de paradigma que priorice la atención efectiva y los derechos de los dependientes.

Por último, el contexto político en Galicia se enmarca en una situación de mayor demanda de servicios sociales y un reconocimiento creciente de los derechos de los dependientes. La futura gestión de estos fondos será clave para definir el rumbo del sistema en los próximos años, en un escenario en el que la financiación estatal y autonómica debe alinearse para garantizar una atención digna.

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