Audasa registra un beneficio de 100,8 millones en 2025, aumentos en peajes y inversión en mejoras en la AP-9

La concesionaria Audasa, responsable de la gestión de la autopista AP-9 en Galicia, reportó en 2025 un beneficio neto de 100,81 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al año anterior. La intensidad media diaria de vehículos que utilizan esta vía de peaje fue de 24.757, reflejando un aumento del 4,7%. La cifra de negocio alcanzó los 232 millones de euros, un 12,2% más que en 2024, siendo la mayor parte ingresos por peajes, con 228 millones, y el resto procedente de áreas de servicio y otros conceptos.

Este crecimiento se enmarca en un contexto político marcado por debates sobre la gestión de infraestructuras y la financiación de autopistas en Galicia. La AP-9 ha sido objeto de controversia por su modelo de peajes y las bonificaciones otorgadas por el Gobierno central, que en 2025 cubrieron el 42,4% de los costes del usuario medio. La presión política y social en torno a la gratuidad o reducción de peajes continúa siendo un asunto de interés en el debate público y en las negociaciones con las administraciones.

En 2025, Audasa realizó inversiones por 11,2 millones de euros dirigidas a mejorar la infraestructura y a implementar medidas medioambientales. Entre las obras destaca la renovación de firmes, la modernización de viaductos en Portas, Solláns y Trasmañó, así como la mejora de las instalaciones en Elviña. Además, se destinó atención a la gestión ecológica, incluyendo la recuperación de vegetación en más de cinco kilómetros cuadrados y el tratamiento de más de 6.700 toneladas de vegetación.

Por otro lado, la compañía mantiene un compromiso con la economía local, destinando 16 millones de euros a compras a empresas gallegas, que representan el 79% del total. La plantilla en 2025 superó los 320 empleados, con una presencia equilibrada de mujeres, que ocupan el 43% de los cargos directivos y mandos intermedios, y un total de más de 6.200 horas dedicadas a formación profesional.

Este escenario refleja una gestión que busca equilibrar beneficios económicos con inversiones en sostenibilidad y empleo local, en un contexto en el que la infraestructura viaria en Galicia se encuentra en una fase de modernización y debate político sobre el modelo de financiación y la prestación de servicios públicos de transporte.

En un ámbito más amplio, la situación de Audasa y la AP-9 ejemplifican las tensiones existentes en la gestión de infraestructuras en España, donde la colaboración público-privada y los debates sobre el coste del mantenimiento y la gratuidad de las autopistas siguen siendo temas centrales en la agenda política y social.