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Política 15 de Abril de 2026 · 11:35h 2 min de lectura

El alcalde de Ourense apelará su imputación por no solicitar compatibilidad con su televisión

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial un auto judicial que lo imputa por un delito de prevaricación. La causa se centra en su gestión del conflicto de intereses por mantener su sueldo y funciones en Auria TV sin solicitar la compatibilidad correspondiente, pese a la obligación legal.

El auto judicial considera que Jácome debió solicitar la aprobación del pleno del Ayuntamiento para compatibilizar su cargo con su participación en la televisión pública local. La Fiscalía y la acusación sostienen que su gestión podría haber vulnerado normativas sobre incompatibilidades y transparencia en la administración pública.

Este caso se produce en un contexto de fuerte tensión política en Ourense, donde la oposición ha cuestionado la gestión del alcalde y su relación con medios de comunicación locales. La decisión judicial añade un capítulo más a las controversias que rodean la figura de Jácome, conocido por su estilo directo y su independencia política.

Desde el punto de vista institucional, la apelación busca evitar la imputación definitiva y mantener al alcalde en funciones, en un escenario donde la legalidad y la transparencia en la gestión pública son prioridades. La resolución judicial, si se confirma en instancia superior, podría derivar en sanciones o en la pérdida de la dedicación exclusiva.

El futuro del caso determinará si la justicia considera que existieron irregularidades en la gestión del alcalde, en un momento en que la política local en Ourense se encuentra en plena efervescencia. La resolución también puede tener repercusiones en la percepción pública sobre la ética en cargos públicos en Galicia.

En un escenario más amplio, este asunto refleja el creciente control judicial sobre los conflictos de intereses en la política regional, en línea con una mayor exigencia de transparencia y legalidad en la gestión pública en Galicia y en España en general.

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