El alcalde de Vigo impide la comparecencia en pleno sobre Saltamontes, posible prevaricación

El Ayuntamiento de Vigo ha cancelado la comparecencia del alcalde Abel Caballero en el pleno extraordinario convocado para esclarecer el caso Saltamontes, ocurrido en agosto de 2024, que dejó un fallecido y la imputación de la concejal Patricia Rodríguez Calviño por homicidio imprudente.

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) anunció que recurrirá la decisión del alcalde, argumentando que la exclusión de su comparecencia viola el reglamento del pleno y vulnera derechos fundamentales de la oposición. La sesión, prevista para el 19 de junio, incluía inicialmente la presencia del alcalde para explicar la gestión municipal en relación con el incidente.

La decisión del alcalde, sin motivación clara y basada en alegaciones de que las comparecencias deben ser votadas, ha generado un rechazo político. El BNG denuncia que se trata de un intento de limitar el control democrático y la transparencia frente a una situación que ha conmocionado a la ciudad y ha puesto en cuestión la gestión del Ayuntamiento.

Desde el punto de vista legal, el BNG advierte que la exclusión del alcalde podría constituir un acto de prevaricación administrativa, dado que la comparecencia en cuestión es competencia municipal y pertinente para esclarecer los hechos ante la ciudadanía. La oposición también ha señalado que esta decisión podría ser interpretada como un intento de ocultar responsabilidades.

Este conflicto refleja tensiones internas en el gobierno local, que ha optado por una postura que limita la participación de la oposición en un caso sensible. La situación podría abrir un debate sobre la transparencia en la gestión pública y las posibles implicaciones legales para el alcalde si se mantiene la decisión de impedir su comparecencia.

En el contexto político más amplio, este episodio evidencia la creciente polarización en Vigo y Galicia, y plantea la cuestión de cuánto está dispuesto a tolerar la ciudadanía en cuanto a la rendición de cuentas de sus representantes, en un momento de especial sensibilidad social y judicial.