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Medio Ambiente 22 de Julio de 2026 · 13:51h 2 min de lectura

El archivo de proyecto minero en Palas de Rei genera incertidumbre jurídica y social

La Xunta de Galicia anunció el 10 de julio el archivo definitivo del proyecto de Greenfiber, filial de Altri, en Palas de Rei, Lugo. La resolución se fundamenta en aspectos administrativos y técnicos, pero colectivos sociales y ecologistas consideran que no abordan las causas principales del conflicto. La decisión ha sido celebrada por las plataformas contrarias, aunque mantienen la vigilancia y estudian posibles recursos legales.

El proyecto en cuestión generó durante años una fuerte movilización social y una serie de alegaciones por su impacto ambiental, social y económico. La administración autonómica justificó la decisión en la falta de conexión eléctrica, pero las plataformas insisten en que el conflicto trasciende esa cuestión y que no se ha abordado la problemática real, que incluye la licencia social y el respeto a los derechos ambientales.

Desde los colectivos, se señala que la resolución no resuelve los aspectos más profundos del conflicto y que la empresa podría presentar recursos para reabrir el proceso. Además, demandan un reconocimiento público por parte de las administraciones y la compañía, y mantienen activa una campaña de recogida de firmas para oponerse al proyecto, con más de 10.000 apoyos.

Políticamente, la decisión refleja las tensiones existentes en Galicia respecto a la explotación de recursos naturales y la influencia de las empresas en la política local y regional. La movilización social y la oposición han puesto en jaque decisiones que, en otros contextos, habrían sido consideradas definitivas. La postura de la Xunta se presenta ahora como un paso hacia la sostenibilidad, pero el debate político continúa abierto.

De cara al futuro, el proceso legal y social sigue abierto. Las plataformas advierten que seguirán vigilantes y que acudirán a instancias judiciales si fuera necesario. La situación en Palas de Rei ejemplifica las dificultades de conciliar desarrollo económico y protección ambiental en un contexto de fuerte presión social y política en Galicia, lo que podría influir en decisiones similares en otros territorios de la comunidad.

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