El Congreso rechaza las enmiendas del PP para recuperar la transferencia de la AP-9 a Galicia
El Congreso rechaza enmiendas del PP para devolver la gestión de la AP-9 a Galicia, en medio de tensiones políticas y diferencias en la transferencia de competencias.
El Pleno del Congreso ha desestimado este jueves las enmiendas del PP que buscaban restablecer la transferencia de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia. La propuesta del PP pretendía devolver la gestión y titularidad de la infraestructura a Galicia, en línea con la ley originaria aprobada por el Parlamento gallego.
Este enfrentamiento se enmarca en un contexto político en el que el Gobierno central, liderado por el PSOE, y la Xunta mantienen diferencias respecto a la transferencia de competencias en materia de infraestructuras. La ley gallega, impulsada por el Parlamento autonómico, fue desbloqueada hace unas semanas tras un acuerdo entre el PSOE, Sumar y BNG, que incluyó también la transferencia de la gestión y titularidad de la carretera.
El rechazo en el Congreso refleja la resistencia del Ejecutivo central y de la mayoría parlamentaria a aceptar la propuesta inicial del Ejecutivo gallego. La Xunta ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, la vuelta a la propuesta original, pero el Ejecutivo ha mantenido su postura contraria.
El diputado del PP Pedro Puy ha anunciado que el partido utilizará su mayoría en el Senado para impulsar la recuperación del espíritu del texto original en la tramitación de la ley en esa cámara. La estrategia del PP indica un posible enfrentamiento legislativo prolongado en ambas cámaras.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones políticas en torno a la gestión de infraestructuras en Galicia. La disputa refleja además las diferencias en la interpretación del marco legal y político sobre la transferencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
De cara al futuro, la controversia podría prolongarse y afectar las relaciones entre los diferentes niveles de administración. La tramitación en el Senado será crucial para determinar si finalmente se mantiene la transferencia en los términos que defiende la Xunta o si prevalece la postura del Gobierno central.