El TSXG lleva al Constitucional la rebaja en protección del lobo en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido remitir al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la modificación legislativa que excluye al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el norte del Duero. Esta decisión surge tras detectar que la ley, aprobada en 2025, ha rebajado la protección del cánido sin seguir los procedimientos técnicos y administrativos adecuados.

El contexto político refleja una estrategia legislativa que, en apariencia, busca agilizar la gestión de recursos y reducir restricciones en torno a la caza del lobo, en medio de un debate polarizado entre intereses conservacionistas y sectores rurales. La modificación fue introducida mediante enmiendas en una ley centrada en la prevención de pérdidas alimentarias, lo que ha generado dudas sobre su coherencia y legalidad desde el punto de vista técnico y constitucional.

Las implicaciones de esta decisión judicial son significativas. La suspensión provisional del procedimiento y la remisión al Constitucional evidencian la vulnerabilidad de cambios regulatorios que puedan afectar al medio ambiente sin una base científica sólida. Además, se abre la puerta a futuras impugnaciones que podrían devolver la protección plena del lobo, incluso en el ámbito estatal, si el Tribunal Constitucional considera que la ley vulnera principios constitucionales y europeos.

Desde una perspectiva política, la polémica refleja las tensiones existentes en Galicia respecto a la conservación de especies protegidas y las decisiones legislativas que las modifican. El rechazo de organizaciones ecologistas y la advertencia del TSXG sobre la posible vulneración constitucional evidencian un conflicto entre la preservación ambiental y las políticas de gestión de recursos naturales impulsadas por algunos sectores políticos y económicos.

En el futuro, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional será determinante para definir el alcance de la protección legal del lobo en Galicia y en toda España. La sentencia podría establecer un precedente que limite las modificaciones legislativas sin los procedimientos adecuados, reforzando la importancia de la ciencia y la participación pública en decisiones que afectan a la biodiversidad y al marco legal ambiental.