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El TSXG obliga a Jácome y el Ayuntamiento de Ourense a pagar casi 50.000 euros por daños a funcionaria

El TSXG ratifica que Jácome y el Ayuntamiento de Ourense deben pagar casi 50.000 euros a una funcionaria por daños morales, en un fallo que afecta a la gestión municipal.

Redacción · Crónica Galicia 2 min de lectura

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado una condena contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el Ayuntamiento, por una indemnización de aproximadamente 48.685 euros. La sentencia confirma que ambos incurrieron en incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, afectando a una funcionaria del consistorio.

Este fallo responde a un proceso judicial que se inició tras una denuncia por daños morales y laborales sufridos por la exjefa de Negociado de Comercio, en un contexto de reclamaciones por condiciones laborales y protección del personal. La decisión refleja la responsabilidad objetiva del Ayuntamiento en la protección de sus empleados y la existencia de un nexo causal entre negligencias y daños a la empleada.

Desde el punto de vista político, la sentencia refuerza los debates sobre la gestión del actual equipo de Gobierno, liderado por Jácome, en aspectos relacionados con la prevención laboral y la protección del funcionariado. La responsabilidad del regidor en el caso puede tener implicaciones en su credibilidad y en la percepción pública de su gestión.

El contexto en el que se produce esta resolución se enmarca en un escenario de tensión política en Ourense, marcado por controversias en torno a la gestión municipal, y un interés creciente en la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. La decisión judicial se suma a una serie de controversias que han puesto en duda la eficacia de las políticas preventivas del Ayuntamiento.

Este fallo no es firme y puede ser recurrido, pero marca un precedente importante en la protección de los derechos laborales en la administración local gallega. La administración debe reflexionar sobre sus protocolos y medidas preventivas para evitar futuras responsabilidades y daños a sus empleados. La evolución de este caso será clave para entender la relación entre política local y gestión administrativa en Galicia.

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