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Sociedad 27 de Julio de 2026 · 14:19h 3 min de lectura

El TSXG reduce a 8 años la condena por agresión sexual en Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rebajado la condena de un hombre por agresión sexual y lesiones a su expareja en Ourense. La sentencia, que inicialmente imponía 12 años y nueve meses, ahora establece una pena de 8 años de cárcel. La decisión se basa en la valoración de un trastorno de personalidad grave en el acusado, considerado por el tribunal como una perturbación importante que influye en su responsabilidad penal.

Este caso, ocurrido en abril de 2024, fue motivado por una denuncia de la hija de la víctima, quien alertó a un centro escolar tras escuchar discusiones en el domicilio. La investigación confirmó que el agresor abordó a la víctima de forma violenta, realizando una agresión sexual y causándole lesiones físicas y morales. La sentencia también establece medidas de alejamiento y una indemnización de 7.400 euros para la víctima, en reconocimiento a los daños sufridos.

El contexto de este fallo refleja un momento de especial sensibilidad social ante la violencia de género, en un entorno donde las instituciones judiciales buscan equilibrar la protección a las víctimas con las consideraciones médicas y psicológicas del agresor. El fallo también evidencia la creciente atención a los trastornos mentales en la valoración de la responsabilidad penal, en línea con las políticas de justicia restaurativa y protección de derechos.

Desde una perspectiva política, casos como este ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las leyes y recursos destinados a la prevención de la violencia de género y a la atención a agresores con trastornos mentales. La comunidad gallega mantiene un compromiso en la lucha contra estas conductas, promoviendo campañas de sensibilización y programas de intervención temprana, aunque aún persisten retos en la efectividad de estas medidas.

En el ámbito judicial, la rebaja de la condena abre un debate sobre la influencia de las condiciones psicológicas en las penas y sobre la importancia de la evaluación multidisciplinar en estos procesos. La decisión del TSXG marca un precedente que podría influir en futuras sentencias, en un contexto donde la sensibilidad social y la protección de las víctimas siguen siendo prioritarios.

Mirando hacia el futuro, se espera que los mecanismos de protección y las políticas de intervención en casos de violencia de género continúen evolucionando. La colaboración entre instituciones sanitarias, judiciales y sociales será clave para garantizar una respuesta más efectiva y ajustada a las necesidades de cada caso, especialmente en situaciones donde los trastornos mentales influyen en la conducta del agresor.

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