España elimina permisos humanitarios para venezolanos, Galicia pide celeridad en trámites

Desde el 12 de junio, España ha dejado de conceder y renovar permisos de residencia humanitaria vinculados a protección internacional, afectando principalmente a la comunidad venezolana en Galicia, que suma cerca de 22.000 personas. Estos permisos, utilizados en muchos casos como una vía de regularización excepcional, permitían residir y trabajar en condiciones especiales tras la denegación del asilo, pero con riesgo de pérdida si no se modificaban.

El cambio en la política migratoria responde a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que busca unificar criterios en los Estados miembros y diferenciar claramente entre protección internacional y permisos humanitarios nacionales. La medida, aunque respaldada por organizaciones como la Federación Venezolana de Galicia, genera preocupación por los retrasos en los procesos y la confusión en los afectados, que en algunos casos aguardan respuestas desde hace meses.

El Departamento de Seguridad Nacional alerta de que, a partir de abril de 2026, quienes tengan permisos humanitarios podrán solicitar su modificación a otras autorizaciones de residencia y trabajo. Sin embargo, la lentitud en los procedimientos y la proliferación de bulos en redes sociales complican la situación, afectando a quienes dependen de estos permisos para regularizar su situación laboral y social.

El Informe de Seguridad Nacional 2025 destaca que la concesión de residencia por razones humanitarias a venezolanos en España ha sido generalizada, en respuesta a la percepción de riesgo en su país y a las políticas migratorias de EE. UU. La comunidad venezolana representa casi el 60% de las solicitudes de protección internacional en 2025, con cerca de 85.600 peticiones, mientras que las solicitudes totales disminuyen respecto a años anteriores.

Este escenario refleja un cambio en las dinámicas migratorias y políticas en Europa y España, con una mayor regulación y control en los procesos. La comunidad venezolana en Galicia, como en otras regiones, enfrenta ahora un período de incertidumbre y espera que las administraciones agilicen los trámites para evitar afectar sus derechos y su integración social.

En el contexto más amplio, estos cambios marcan una revisión de las políticas migratorias en Europa, en línea con los objetivos del Pacto de Migración y Asilo, y plantean un reto para las administraciones españolas en la gestión de una población que, en muchos casos, llegó en busca de protección y estabilidad.