Galicia actualiza su legislación contra incendios: franjas de protección duplican su distancia a 100 metros

El Gobierno gallego prepara la aprobación de una nueva ley de incendios que, si se aprueba en el Parlamento en octubre, introducirá cambios sustanciales en el modelo de prevención. La normativa contempla la ampliación de las franjas de protección en zonas clave, permitiendo que estas puedan duplicar su distancia de seguridad, pasando de 50 a 100 metros en áreas estratégicas.

El contexto político revela un retraso en la tramitación de la ley, que había sido anunciada en 2021 por el expresidente Núñez Feijóo y cuya entrada en vigor se comprometió inicialmente para 2022. La actual administración, liderada por Alfonso Rueda, busca modernizar una legislación vigente desde hace casi dos décadas y adaptarla a las nuevas tipologías de incendios forestales, en un momento en que Galicia enfrenta episodios recurrentes de fuego en su territorio.

Las implicaciones de la ley son profundas, ya que establece nuevas obligaciones para propietarios de terrenos en la interfaz urbano-forestal, convirtiendo en una obligación legal directa la limpieza y gestión de biomasa, frente a la regulación previa que permitía una gestión subsidiaria. Además, se incrementan las sanciones económicas en caso de incumplimiento, con multas que podrían alcanzar los 100.000 euros en casos graves.

Desde una perspectiva política, la ley refleja un esfuerzo por fortalecer la prevención de incendios frente a la creciente amenaza de fuegos de gran magnitud, en un contexto de cambio climático y presión social por mayor seguridad. Sin embargo, su tramitación ha sido criticada por la oposición, que denuncia retrasos y una posible falta de consenso en la adaptación de las medidas a las realidades locales.

El desarrollo de instrumentos como cortafuegos y paisajes mosaico, así como la delimitación de zonas estratégicas, apunta a una gestión más eficiente y localizada. La planificación del sistema de lucha contra incendios incorporará mapas de riesgo y zonificación, promoviendo una respuesta más coordinada y eficaz en futuras emergencias.

En el escenario futuro, la ley busca consolidarse como un marco de referencia para reducir la vulnerabilidad del territorio gallego ante los incendios. La cooperación institucional y la implicación de agentes locales serán clave para su implementación efectiva y para afrontar los desafíos derivados del cambio climático y la expansión de zonas de riesgo.