Galicia mantiene su posición como segunda comunidad más segura de España, pese a repunte en ciertos delitos

Galicia concluyó el primer semestre de 2026 con una tasa de criminalidad de 35,3 infracciones por cada 1.000 habitantes, posicionándose como la segunda comunidad más segura del país, según datos del Ministerio del Interior. El incremento en delitos específicos, como robos en domicilios y tráfico de drogas, contrasta con la tendencia general de descenso en otros ámbitos delictivos.

Estos datos reflejan un escenario en el que la seguridad ciudadana se mantiene estable, aunque con algunos repuntes en ciertos delitos. La autoridad gallega atribuye estos resultados al refuerzo de las plantillas policiales y a la eficacia en la investigación, aspectos en los que el Gobierno central también ha invertido en los últimos años. La política de seguridad en Galicia se ha centrado en ampliar recursos y mejorar la coordinación entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El aumento en delitos como robos con fuerza en domicilios y tráfico de drogas responde a tendencias nacionales y a desafíos específicos en determinadas zonas. Sin embargo, la reducción en otros delitos, como homicidios y delitos sexuales, indica avances en la percepción de seguridad. La eficacia policial, con una tasa de esclarecimiento del 45,9%, también ha contribuido a estos resultados positivos.

La presencia policial en la comunidad se ha incrementado en un 7% desde 2019, alcanzando casi 9.000 agentes en servicio. Este refuerzo ha sido clave para mantener la seguridad en un contexto de creciente movilidad y actividad económica. La coordinación institucional y la inversión en medios humanos y técnicos son prioritarios en la estrategia de protección social en Galicia.

Desde una perspectiva política, estos indicadores refuerzan la imagen de Galicia como un territorio seguro, pero también plantean retos en la lucha contra delitos específicos. La tendencia a la baja en ciertos ámbitos, como la ciberdelincuencia, continúa, aunque con leves repuntes en algunos delitos tradicionales. La continuidad en las políticas de seguridad y el refuerzo de recursos serán esenciales para mantener estos niveles en el futuro cercano.

El contexto más amplio sitúa estos resultados en un escenario de estabilidad social y política, en el que las administraciones trabajan para consolidar un entorno de confianza ciudadana. La apuesta por la seguridad, en línea con las prioridades del Gobierno central y autonómico, busca garantizar un desarrollo económico y social sostenido, en un marco de cooperación y eficacia policial.