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Sociedad 27 de Agosto de 2026 · 11:06h 2 min de lectura

La Audiencia de Pontevedra confirma condena a menor por amenazas a profesora

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado la condena a un menor por amenazar y intimidar a una profesora en su instituto en enero de 2025. La sentencia impone al joven ocho meses de libertad vigilada, además de obligaciones de participación en programas y seguimiento psicológico. La profesora sufrió daños psíquicos que le obligaron a tomar meses de baja laboral.

El incidente ocurrió tras una expulsión del alumno, que reaccionó con expresiones agresivas y amenazas, incluyendo una advertencia de agresión física y comentarios de carácter extremadamente violento. Los antecedentes del menor, ya sancionado en varias ocasiones, agravaron la gravedad del caso y motivaron la condena judicial.

Este caso refleja un contexto en el que el sistema judicial empieza a afrontar con mayor firmeza las conductas de acoso y amenazas en el ámbito escolar. La decisión judicial también contempla la responsabilidad de los padres, que deberán indemnizar a la docente con 2.000 euros.

La resolución de la Audiencia confirma la tendencia a considerar las amenazas como conductas objetivamente intimidatorias, en un contexto donde la protección del personal docente y la seguridad en los centros educativos adquieren mayor relevancia. La respuesta judicial busca reforzar la autoridad y garantizar entornos seguros para docentes y alumnos.

Este hecho pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas educativas y de salud mental en Galicia, así como la colaboración entre instituciones para prevenir incidentes similares. La atención a las conductas disruptivas y la intervención temprana son clave para evitar que casos como este se repitan en el sistema escolar.

La tendencia en la justicia juvenil indica una mayor sensibilidad hacia las amenazas en el contexto escolar, con una perspectiva que apuesta por la rehabilitación y la protección de las víctimas. La evolución de estos casos será un indicador del compromiso del sistema judicial con la seguridad en las aulas en los próximos años.

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