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Sociedad 7 de Abril de 2026 · 14:09h 2 min de lectura

La Audiencia Provincial de A Coruña confirma el archivo de la denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado el archivo de la causa penal contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras concluir que no existen indicios suficientes para procesarlo por una presunta agresión sexual. La resolución, publicada en diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, desestimó la petición de la acusación particular de reabrir diligencias y declarar a dos testigos adicionales.

El fallo judicial destaca que la investigación realizada ha sido exhaustiva y que las pruebas practicadas no permiten fundamentar una acusación penal. La sala insiste en que la controversia no radica en la falta de investigación, sino en la valoración de las pruebas, que en este caso, no han aportado elementos que justifiquen un procesamiento. Además, desestima las solicitudes de la acusación de incluir declaraciones relacionadas con la compatibilidad de la sintomatología de la denunciante con sumisión química.

Este fallo se produce en un contexto de incertidumbre política en Galicia, donde la dimisión de Villares en junio del año pasado generó un impacto en el Gobierno autonómico, aún en plena fase de recuperación tras la crisis y los cambios en la gestión pública. La presión mediática y la percepción pública sobre los procedimientos judiciales han influido en la gestión política del caso.

Desde su dimisión, Villares ha mantenido su inocencia y ha estado en el centro de un debate sobre la transparencia en la gestión de cargos públicos. La institución del Gobierno gallego, encabezada por Alfonso Rueda, ha defendido la presunción de inocencia del exconsejero y ha destacado la importancia de que las instituciones judiciales actúen con independencia en estos procedimientos.

El caso refleja además las complejidades en la gestión de denuncias de carácter sexual en la política, donde la carga mediática y las valoraciones públicas a menudo condicionan el proceso político y social. La resolución judicial refuerza la necesidad de separar la justicia del contexto político, manteniendo la objetividad en la investigación y en la valoración de las pruebas.

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