La comisión sobre financiación autonómica en Galicia retoma sin consenso claro
La comisión no permanente para analizar la propuesta de Galicia en la reforma del sistema de financiación autonómica ha reanudado sus trabajos este miércoles. La sesión aprobó las normas de funcionamiento con el apoyo de casi todos los grupos, salvo el PSdeG, que se abstuvo. Se abrió un plazo de siete días, hasta el 18 de junio, para presentar propuestas para el plan de trabajo.
Esta comisión, creada en noviembre de 2021, ha sido reactivada en un contexto político marcado por la propuesta de reforma impulsada en la última etapa de la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las comparecencias bilaterales convocadas por el actual ministro, Arcadi España. Su tarea principal será emitir un dictamen tras escuchar a expertos y analizar documentación previa, incluyendo aportaciones de figuras como Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga.
Las posiciones en el Parlamento reflejan un panorama fragmentado. El PPdeG busca concluir el proceso en un plazo razonable y mantiene que la reforma debe debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no bilateralmente. Además, advierte que la propuesta del Gobierno perjudica a Galicia al centrarse en la recaudación en lugar de en la financiación de los servicios públicos. La voluntad de avanzar en una propuesta sólida sigue siendo una prioridad, aunque sin que exista un acuerdo definitivo.
Las diferentes valoraciones de los partidos evidencian el peso de la política en la cuestión. La líder del BNG criticó la falta de negociación de la Xunta con Madrid y calificó la propuesta gubernamental de “inaceptable”. Por su parte, el PSdeG solicitó que el trabajo sea serio y transparente, mientras que el Bloque lamentó la demora en la reactivación de la comisión y reiteró la necesidad de que Galicia tenga control total sobre su financiación.
Desde el ámbito político, se observa un escenario de tensión por el modelo de financiación que, en su opinión, puede afectar a la igualdad y a los recursos de Galicia. La falta de consenso refleja el debate sobre si la reforma debe priorizar la recaudación o la suficiencia de recursos para los servicios públicos. La próxima semana marcará si la comisión logra avanzar hacia un dictamen que pueda tener peso en la negociación nacional.
En un contexto más amplio, la discusión sobre la financiación autonómica se enmarca en las tensiones tradicionales entre las comunidades y el Gobierno central. La situación actual evidencia la dificultad para alcanzar acuerdos en un sistema que requiere mayor equidad y reconocimiento de las particularidades gallegas. La futura hoja de ruta dependerá de la voluntad política de las partes y de la capacidad de Galicia para defender sus intereses en un escenario de negociación aún abierto.