La contaminación de la antigua mina de Touro persiste según estudio independiente
Un informe pericial realizado en Touro (A Coruña) confirma que la contaminación generada por la mina cerrada en 1986 sigue afectando sus ríos. Los análisis realizados en mayo de 2026 revelan que las condiciones fisicoquímicas del agua continúan alteradas en varios puntos, con presencia de metales y sales en niveles preocupantes.
El estudio, encargado por el Ayuntamiento, compara los datos actuales con los registros históricos del Estudo de Impacto Ambiental (EsIA), evidenciando una evolución dispar en la calidad del agua. Aunque algunos parámetros muestran mejoras, otros han empeorado, especialmente en relación con la acidificación y concentración de contaminantes.
Este hallazgo relanza el debate sobre los pasivos ambientales de la mina, ubicada en la cuenca del sistema fluvial Ulla-Deza, espacio protegido en la Red Natura 2000. La presencia de contaminación en un espacio de gran valor ecológico aumenta la preocupación por su estado y por las posibles implicaciones en la biodiversidad local.
Desde la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non, se denuncia el deterioro visible de los ríos y la escasez de agua en la zona, que ha llevado al Ayuntamiento a comprar agua potable a municipios vecinos para abastecer a la población. La situación pone en duda la efectividad de las medidas de remediación y el cumplimiento de normativas ambientales.
La empresa promotora del proyecto de reapertura minera, Cobre San Rafael, cuestiona la validez del estudio, alegando que solo se basa en una muestra puntual sin considerar variaciones estacionales. Además, critica que no se hayan tenido en cuenta variables como el caudal de los ríos, lo que podría sesgar los resultados y las conclusiones.
El contexto político en Galicia refleja la tensión entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos del sector minero. La administración autonómica mantiene un equilibrio delicado, enfrentando presiones tanto de grupos ecologistas como de empresas mineras, en un escenario que podría definir futuras políticas sobre la gestión de espacios naturales y actividades extractivas.
En el horizonte, la comunidad espera que los resultados del estudio impulsen una mayor vigilancia y medidas efectivas para resolver los pasivos ambientales. La atención se centra en cómo las autoridades regionales y locales abordarán estos desafíos, en un contexto donde la protección ecológica y el desarrollo económico deben convivir.