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La Xunta crea una moratoria de dos años para granjas en zonas contaminadas de A Limia

La Xunta de Galicia establece una moratoria de dos años en granjas de A Limia tras sentencia judicial por contaminación de nitratos, en un contexto de tensión ambiental y política.

Redacción · Crónica Galicia 2 min de lectura

La Xunta de Galicia ha anunciado una moratoria de dos años para nuevas instalaciones y ampliaciones de explotaciones ganaderas en áreas afectadas por contaminación de nitratos en la cuenca del río Limia, Ourense. La medida afecta a explotaciones porcinas, bovinas y avícolas, y busca frenar la degradación ambiental tras recientes sentencias judiciales.

Este paso se enmarca en la actualización del proyecto de decreto para reducir la contaminación por nitratos, que se publica tras la revisión de informes del Ministerio para la Transición Ecológica. La moratoria busca evitar la proliferación de nuevas granjas en zonas donde las aguas están contaminadas, en un contexto de presión social y judicial sobre la inacción de la administración autonómica.

Las implicaciones de esta medida son significativas para el sector agroganadero, que ve limitada su expansión en áreas vulnerables. La Xunta también prepara planes de buenas prácticas y programas de restauración, en respuesta a las demandas de colectivos ecologistas y vecinos afectados. La sentencia del Tribunal Supremo en 2026 y las demandas actuales refuerzan la presión para actuar contra la contaminación.

Desde el punto de vista político, la iniciativa refleja la intención de la Xunta de cumplir con obligaciones medioambientales y judiciales, aunque mantiene resistencia a reconocer plenamente el origen agrario de los problemas. La oposición y organizaciones ecologistas consideran que las medidas aún son insuficientes y que el gobierno autonómico prioriza intereses económicos sobre la recuperación ambiental.

En un contexto más amplio, esta decisión evidencia la tensión entre desarrollo agrícola y protección de recursos hídricos en Galicia. La situación en A Limia puede marcar un precedente para futuras regulaciones en otras cuencas afectadas, en un escenario donde la comunidad busca equilibrar sostenibilidad y economía. La implementación efectiva será clave en los próximos años.

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