Las familias del Villa de Pitanxo rechazan negociar con la naviera y exigen un juicio justo

Las familias de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego Villa de Pitanxo han negado estar negociando con la armadora Pesquerías Nores Marín o con el patrón, Juan Padín Costas. Así lo expresó este sábado en Pontevedra su portavoz, María José do Pazo, tras conocerse que la empresa les ofreció unos 6,2 millones de euros a 20 familiares con derecho a reclamar.

El naufragio se produjo en febrero de 2022 en aguas de Terranova, Canadá. El buque pertenecía a la naviera Nores Marín y su patrón era Juan Padín Costas. La tragedia dejó 21 fallecidos, cuyos cuerpos en su mayoría nunca fueron recuperados, lo que mantiene abierta una herida profunda en las comunidades pesqueras gallegas.

Según la portavoz, la naviera planteó en su día un acuerdo económico con una condición estricta: que las familias renunciaran a emprender acciones penales. Todas las familias rechazaron esa propuesta. Su objetivo, insisten, es que la justicia determine las causas del hundimiento y deduzca responsabilidades.

Las familias también anunciaron una demanda contra la empresa para reclamar el pago de conceptos que, según denuncian, les pertenecen y no fueron abonados hace un año. Entre ellos citan el concepto de marea, una partida vinculada a la retribución de la tripulación por la actividad pesquera. Hasta ahora, indican, habían guardado silencio, pero ante lo que consideran afirmaciones inexactas por parte de la empresa decidieron hacerlo público.

El caso tiene una dimensión que trasciende lo judicial. El sector pesquero gallego, con una fuerte dependencia de la flota de altura, ha seguido de cerca la investigación sobre la seguridad a bordo y las condiciones laborales. Un eventual juicio podría sentar precedente sobre la responsabilidad de armadores y patrones en la navegación en caladeros lejanos.

Con el procedimiento judicial todavía en curso, el desenlace dependerá de la acción de los tribunales y de la posibilidad de un acuerdo entre las partes. Para las familias, sin embargo, la prioridad no es la compensación económica, sino el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas.