Presidenta del Contencioso del TSXG destituye al juez Villares de la sección de energías eólicas.

En Santiago de Compostela, el 25 de marzo, se han producido cambios significativos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que suscitan preocupación y controversia. María Azucena Recio González, la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha puesto en marcha una reestructuración que incluye el traslado forzoso del juez Luís Villares, conocido por su paralización de proyectos eólicos, a una sección distinta del tribunal. Este movimiento también afecta a la magistrada María Dolores López López, que igualmente será trasladada.

Según un acuerdo fechado el 12 de marzo de 2025, al que tuvo acceso Europa Press, la presidenta ha tomado esta decisión en respuesta a sentencias del Tribunal Supremo que cuestionan la imparcialidad de Villares, exlíder de En Marea. La decisión de Recio de cambiar la composición de la sección está respaldada por la supuesta intervención política de Villares, lo que ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad judicial en Galicia.

Reciocoincide en su nuevo cargo con la aspiración de Villares a la presidencia de la Sala. De hecho, ha fundamentado su decisión en la evaluación que hizo el Tribunal Supremo acerca de la imparcialidad del juez, lo que ha llevado a cuestionar su capacidad para tomar decisiones objetivas en asuntos delicados como la autorización de parques eólicos.

Para justificar los cambios, Recio señala que son necesarias para mejorar la eficiencia de la sección, dado el volumen de casos que manejan. Sin embargo, esta reestructuración ha sido criticada, dado que se puede interponer recurso ante el Consejo General del Poder Judicial, lo que podría complicar la situación. También ha decidido cambiar a la magistrada López López, argumentando que es parte del esfuerzo por alcanzar un equilibrio en las secciones.

Días recientes, el Tribunal Supremo anuló decisiones previas en relación con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, indicando inquietudes sobre la imparcialidad del juez Villares. Tal contexto ha elevado la alarma en el ámbito judicial, y organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia han expresado su preocupación por estos traslados forzosos que podrían comprometer la independencia judicial.

Esta agrupación ha denunciado un "desmantelamiento" de la sección, alegando que la medida afecta a las garantías de estabilidad e independencia en el poder judicial. Resaltan que solo quedarán dos magistrados en la sección tercera, mientras que nuevos jueces, ajenos a los temas tratados, toman su lugar, lo que plantea serias dudas sobre la continuidad y la calidad de las decisiones judiciales en un área tan polémica como la de los proyectos eólicos.

El acuerdo de Recio menciona que esta reorganización puede ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para los jueces, pero la comunidad jurídica no parece compartir ese entusiasmo. La sección en cuestión maneja autorizaciones críticas para proyectos eólicos, y los recientes movimientos han sido interpretados como una respuesta a las presiones políticas y mediáticas que han rodeado a esta área.

La sorpresa ha sido palpable, ya que los cambios realizados por la nueva presidenta del tribunal han tenido lugar solo una semana después de asumir el cargo. Este desplazamiento no estaba contemplado en su programa presentado ante el Consejo General del Poder Judicial, lo que pone en entredicho la transparencia en la gestión del nuevo liderazgo.

Desde la comunidad judicial se critica la falta de criterios adecuados en las decisiones tomadas por Recio, que parecen generalizar situaciones específicas a toda la sección. La percepción general es que se están adoptando medidas que pueden descomponer un sistema judicial que ha funcionado de manera eficaz hasta ahora.

Además, se cuestiona el proceso mediante el cual se han llevado a cabo estos cambios, que normalmente implican la participación activa de los magistrados afectados. La falta de consultas previas y el hecho de que los nuevos magistrados no tengan experiencia en las áreas específicas que van a manejar, podría resultar en una transición problemática.

Finalmente, se destaca que las críticas desde el ámbito político y empresarial no son nuevas, y han apuntado continuamente a la sección por sus decisiones en materia de energía eólica. Sin duda, los últimos acontecimientos pueden generar un clima de temor entre los miembros del tribunal, poniendo en riesgo la autonomía judicial que la Constitución garantiza.