El 17 de julio, Bruselas ha lanzado un nuevo aviso al Gobierno español, instándole a corregir las irregularidades relacionadas con la prolongación de los contratos de concesión para las autopistas AP-66 y AP-9. Las autoridades de la Comisión Europea indican que estas acciones violan las normativas de la Unión Europea sobre contratos públicos y concesiones de infraestructuras. Si España no aborda estas preocupaciones en un plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La institución europea ha enfatizado la necesidad de que España cumpla con las regulaciones que rigen los contratos de concesión de autopistas, comunicando que ha hecho llegar un dictamen motivado a las autoridades españolas para dar seguimiento a un procedimiento sancionador que había iniciado por este motivo.

Como se ha informado, el Gobierno español amplió las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 en periodos de 25 y 29 años, respectivamente. Sin embargo, lo controvertido es que estas modificaciones se realizaron sin llevar a cabo los procedimientos de licitación obligatorios, ni se publicó un anuncio en el Diario Oficial de la UE, lo que contraviene la legislación comunitaria, según lo expuesto por Bruselas.

Por consiguiente, la Comisión considera que estas prórrogas representan 'cambios significativos' y equivalen a la concesión de nuevos contratos, lo cual requiere un 'procedimiento de licitación competitivo'. Esto es necesario para garantizar la igualdad de trato y la transparencia, principios fundamentales conforme a las directivas de la UE.

Ante esta situación, Bruselas ha exigido al Gobierno español que responda a sus preocupaciones dentro de un plazo de dos meses y que implemente las medidas necesarias para subsanar las irregularidades identificadas.

Si no se alcanza un acuerdo satisfactorio, la Comisión Europea advierte que podría avanzar a la siguiente etapa del procedimiento de infracción, que involucraría presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir con la normativa comunitaria.