Cofradías de Pontevedra solicitan suspensión temporal de cuotas de Seguridad Social para los mariscadores a pie.

En Santiago de Compostela, el 30 de marzo, la situación del sector marisquero en Galicia ha generado una profunda inquietud entre los trabajadores de la costa. La Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra ha solicitado al Instituto Social de la Marina (ISM) que se tomen medidas excepcionales al respecto, pidiendo la exención temporal de las cuotas de la Seguridad Social para aquellos que se dedican al marisqueo a pie. Esta petición se produce tras la decisión de la Consellería do Mar de suspender los planes de gestión debido a la alta mortandad de marisco como resultado de los recientes temporales invernales.

En un comunicado dirigido a la Dirección General del ISM, los representantes de las Cofradías de Pescadores expresaron su grave preocupación por la situación actual del sector marisquero gallego, que se encuentra en una crisis sin precedentes.

En su misiva a Elena Martínez Carqués, directora del ISM, las Cofradías enfatizaron la importancia crucial que tiene la actividad marisquera para la economía de las comunidades costeras de Galicia, resaltando que este oficio es el sustento de numerosas familias en la región.

A pesar de la inactividad forzada, no ajena a la voluntad de los trabajadores del sector, la mayoría de las mariscadoras continúa obligada a abonar sus cuotas mensuales al régimen de la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores del mar. Esta carga económica se mantiene, salvo para aquellas que puedan acceder a la prestación por cese de actividad, una opción que no está disponible para todos.

Ante esta problemática, la Federación ha instado al Instituto Social de la Marina a implementar una exención de cuotas de la Seguridad Social para los mariscadores a pie, quienes han visto sus planes de gestión interrumpidos o modificados. Esta medida está especialmente dirigida a aquellos que no tienen acceso a la prestación por cese de actividad.

Los trabajadores mariscadores defienden que tal exención sería una “medida justa y razonable” que aliviaría significativamente el peso económico que deben soportar, además de asegurar la protección social de un colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad durante este periodo de paralización de su actividad laboral.