El acuerdo lingüicida en Galicia genera críticas y sospechas de pactos ocultos

El Parlamento gallego aprobó un pacto sobre el uso del gallego que ha sido calificado por la oposición como un paso atrás en la protección de la lengua. La portavoz del BNG, Ana Pontón, denuncia que se trata de un acuerdo que favorece la continuidad de políticas que debilitan el gallego en la educación y la administración pública.

Este acuerdo surge en un contexto de tensión política entre el PP y el PSOE en Galicia, con acusaciones de que detrás hay intereses de cargos institucionales y una posible redistribución de sillones. La vicevaledoría do Pobo y la Corporación de Servizos Audiovisuales, donde hay vacantes desde hace meses, serían algunos de los cargos en juego.

Desde el punto de vista político, el pacto refuerza la percepción de que las decisiones sobre la lengua se toman en función de negociaciones internas y no del interés social. La oposición advierte que la estrategia del Gobierno busca mantener una posición marginal del gallego, en línea con políticas anteriores del PP que han sido calificadas de hostiles a la lengua.

Por su parte, el Gobierno gallego defiende el acuerdo como una modernización del marco legal, aunque no ha presentado informes de evaluación que aseguren su cumplimiento. La falta de informes anuales y cambios mínimos en las medidas vigentes alimentan la desconfianza de los críticos, que ven en ello una estrategia de fachada.

En un horizonte cercano, las principales fuerzas políticas en Galicia están llamadas a definir su postura sobre la protección del gallego. La oposición advierte que esta polémica refleja un debate más amplio sobre la identidad y la lengua en una comunidad con fuerte tradición cultural. La futura gestión del idioma dependerá de las decisiones que tomen las instituciones y de la movilización social en defensa del plurilingüismo.