El BNG denuncia que la Xunta modifica la ley de ordenación del territorio para eludir la sentencia sobre Altri

El BNG acusa a la Xunta de utilizar la ley de acompañamiento para modificar la normativa de ordenación del territorio y evitar así el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La resolución obliga a restituir la protección de los terrenos de la Serra do Careón, en la comarca de A Ulloa, donde estaba previsto instalar la planta de Altri.

El trasfondo del debate gira en torno a la Estratexia de Infraestrutura Verde. Según el diputado nacionalista Luís Bará, en el documento de 2022 esos terrenos aparecían clasificados como zona de amortiguamiento, una calificación que desaparece en la versión de 2025. El cambio coincide con la declaración de impacto ambiental favorable aprobada en marzo para la factoría, lo que el Bloque interpreta como una relación directa entre ambos hechos.

La sentencia adquirió firmeza en abril de 2026 y la Xunta no la recurrió. Seis meses después, según el BNG, el Gobierno gallego mantiene la zona sin protección. Por ello, la formación nacionalista habla de presunta prevaricación ambiental y acusa al Ejecutivo de legislar a medida de intereses empresariales.

El Partido Popular rechaza estas acusaciones. Gonzalo Trenor sostiene que el archivo del expediente fue una resolución administrativa definitiva y que la modificación incluida en la ley de medidas sólo pretende aclarar que la Estratexia de Infraestrutura Verde es un proceso de planificación que no fija zonificación alguna. Trenor afirma además que, si existen indicios delictivos, las denuncias deben presentarse ante los tribunales.

La proposición no de ley del BNG, que instaba a cumplir la sentencia, revisar la declaración de impacto ambiental y denegar la autorización ambiental integrada y la captación y vertido de aguas en el río Ulla, ha decaído en la Comisión 2ª por el voto en contra del grupo popular. El PSdeG, por su parte, ha anunciado su apoyo, aunque ha matizado que su voto responde a la necesidad de restablecer la situación previa para evitar un daño medioambiental.

El caso sitúa en el centro del debate político gallego la relación entre planificación territorial, control judicial y proyectos industriales de gran escala. La ejecución efectiva de la sentencia y la eventual tramitación de nuevas acciones judiciales determinarán si la controversia se resuelve en sede parlamentaria o acaba en los tribunales.