La Xunta y el Ayuntamiento de Santiago enfrentan tensiones en políticas de vivienda, con acusaciones de boicot y falta de colaboración en medidas tensionadas.
La Xunta pide al Gobierno central la apertura total del Pazo de Meirás, tras casi seis años de recuperación, para potenciar su valor cultural y patrimonial.
Besteiro pide a la Xunta más financiación para las universidades gallegas, que actualmente solo cubre gastos básicos, limitando su crecimiento y innovación.
La Xunta retiró 2.639 autorrescatadores por incidencias, en un contexto de debate sobre la seguridad y gestión de recursos en la lucha contra incendios en Galicia.
El Ayuntamiento de Santiago pide gestionar directamente 5,1 millones de fondos estatales para zonas tensionadas, ante la transferencia a la Xunta.
La Xunta reafirma que la gestión del agua en Vigo es competencia municipal y pide cooperación regional para garantizar el suministro ante la sequía.
Rueda niega boicot a la zona tensionada en Santiago y responsabiliza al Ayuntamiento, en un contexto de tensión en el mercado de alquiler local.
El TSXG condena a la Xunta por abuso de temporalidad en contratos interinos, reforzando la protección laboral en la administración pública gallega.
El Gobierno inicia la inhabilitación de Recursos de Galicia, controlada por la Xunta, en un intento de regular el sector energético y garantizar la competencia.
Vilaboa reclama a la Xunta soluciones para su abastecimiento de agua, clave para su crecimiento urbano y desarrollo económico.