El BNG exige auditar la red ferroviaria tras Urda y da por acabados los días de Puente

El BNG reclama una auditoría independiente de la red ferroviaria estatal, que incluya el proceso de apertura a operadores privados, tras el accidente de Urda (Toledo), que el pasado miércoles dejó 69 fallecidos por la colisión entre dos trenes. Así lo expresó el diputado Néstor Rego en una rueda de prensa junto a la eurodiputada Ana Miranda.

El contexto del accidente resulta clave para entender la posición del nacionalismo gallego. Rego rechaza atribuir lo sucedido a un error humano y sostiene que el origen estuvo en un fallo del sistema de seguridad. Para ello recuerda el precedente de Angrois, en 2013, cuando un Alvia descarriló en Santiago de Compostela con 80 víctimas mortales, una tragedia que sigue marcando el debate sobre la seguridad ferroviaria en Galicia.

En cuanto a la responsabilidad política, el diputado considera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene un futuro incierto en el cargo. Rego apunta además que la oposición del PP a las peticiones de dimisión resulta incoherente, dado que, según él, el partido las rechazó en su momento en el caso de Angrois, cuando Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta.

Uno de los ejes del planteamiento es la liberalización ferroviaria. Rego sostiene que PP y PSOE respaldaron en los últimos años la apertura de la red a operadores privados y que el impacto de esa medida sobre la seguridad no se ha analizado. Por ello, pedirá al ministro explicaciones en la Diputación Permanente del día 3 de noviembre.

Por su parte, Ana Miranda anunció una iniciativa en el Parlamento Europeo para investigar el destino de los fondos europeos destinados a la modernización ferroviaria y para aclarar si el sistema europeo de seguridad ERTMS estaba operativo. Según el calendario del Plan de Recuperación, debía implantarse antes del 30 de junio, y la eurodiputada cuestiona las declaraciones del ministro que sitúan el sistema en fase de pruebas.

Las próximas semanas serán decisivas para el debate. La investigación técnica sobre Urda, la información que reciban los familiares de las víctimas y la verificación del despliegue del ERTMS marcarán si la exigencia de responsabilidades avanza hacia el ámbito parlamentario y europeo, en un contexto preelectoral que añade presión política al asunto.