El pleno concluye sin pronunciarse sobre Meirás; la Xunta afirma que no indemnizará a los Franco, pero no desobedecerá.

En un reciente pleno de la Cámara autonómica de Galicia, no se logró alcanzar un consenso para la lectura de una declaración institucional sobre el emblemático Pazo de Meirás, del cual la Xunta tiene la intención de reclamar su gestión una vez que sea devuelto a la administración pública. Aunque el Bloque Nacionalista Galego (BNG) había promovido un texto, la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos ha impedido que este avance.

Con la sesión concluyendo, los nacionalistas emitieron un comunicado en el que acusaron al Partido Popular (PP) de bloquear su propuesta. Aseguran que, a pesar de estar abiertos a realizar modificaciones e incluso eliminar varios puntos de su redacción original, el diálogo no fue suficiente para llegar a un acuerdo que satisfaciera a todas las partes.

El BNG no solo se opone a la indemnización de los descendientes de Francisco Franco, como establece una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución del inmueble al Estado, sino que también propuso que el pazo se convierta en un "lugar de memoria democrática". Esta última propuesta fue rechazada por los populares.

Desde el PP, fuentes citadas por Europa Press desmintieron las acusaciones de veto, afirmando que las negociaciones estaban progresando. Sin embargo, enfatizaron que su preferencia era que la declaración apoyara la transferencia del pazo a la Xunta de acuerdo con un acuerdo parlamentario que establecería usos que respeten y expliquen la historia del lugar, en contraposición al enfoque que pretendía el BNG.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había adelantado que se está trabajando en un plan de usos del Pazo de Meirás que sea "fiel a toda su historia". Durante el pleno, esta idea fue reiterada por el conselleiro de Cultura, José López Campos, subrayando la importancia de reconocer tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como la historia del pazo en el contexto del régimen franquista.

Los socialistas, representados por el PSdeG, también manifestaron sus propias preocupaciones sobre el contenido de la discusión, criticando ciertas modificaciones impuestas por el PP que eliminaban referencias a investigar el expolio perpetrado por la familia Franco en Galicia. El parlamentario Armando Ojea mostró su disposición a respaldar la iniciativa del BNG.

La tensión entre las diferentes facciones se hizo evidente durante un intercambio entre el diputado del BNG, Luís Bará, y el conselleiro López Campos. Bará argumentó sobre la indemnización a los herederos de Franco, sugiriendo que la supuesta ausencia de "ultraderecha" en Galicia, como sostiene el PP, está en realidad presente dentro de su propia bancada.

Bará subrayó que la cesión del Pazo de Meirás debe conllevar su uso como un espacio de memoria, enfatizando la idea de que no se debe pagar un euro a los Franco. Adicionalmente, hizo énfasis en "errores que pueden salir caros", refiriéndose al informe de la comisión de expertos que reconoce la buena fe de los Franco en relación a la propiedad del pazo.

Añadiendo más leña al fuego, Bará insinuó que el PP realmente busca indemnizar a la familia Franco, recordando una indemnización previa de 43.200 euros que el gobierno les otorgó por abrir el pazo a visitas en el pasado. Este comentario fue impugnado por López Campos, quien acusó al BNG de tener un enfoque contradictorio en su trato con la ley.

López Campos argumentó que el Parlamento debe respetar las decisiones judiciales y aclaró que la Xunta no tiene intención de indemnizar a los Franco. Al mismo tiempo, recordó que el BNG había apoyado previamente un informe que contemplaba la posibilidad de compensar a la familia del dictador.

En un segundo intercambio, López Campos y Bará discutieron sobre la percepción de la extrema derecha en el Parlamento, con el conselleiro señalando que el verdadero antisistema es el propio BNG.

La socialista Paloma Castro también se expresó en el pleno, instando a la Xunta a cumplir con la ley de memoria histórica y establecer un Consello da Memoria de Galicia que reconozca el papel de las mujeres. Para el Pazo, solicitó un plan que le dé un nuevo significado desde una perspectiva democrática y que reconozca la importancia de Emilia Pardo Bazán.

López Campos defendió la actuación del Gobierno en cuestiones de memoria histórica, asegurando que no existe una discrepancia esencial con el trabajo de la Xunta. Además, insistió en la necesidad de que el Gobierno central ejecute una rehabilitación del Pazo de Meirás como requisito previo a la gestión por parte de la Xunta, lo que consideran una demanda indispensable.

La Xunta lanzó un ultimátum al Gobierno, demandando acciones que permitan que el público general pueda visitar el pazo, algo que no ha sido permitido en los últimos seis años, y exigió la reanudación de las visitas gratuitas, tal como se estipula legalmente para los bienes de interés cultural (BIC).

Finalmente, el conselleiro reafirmó que ya se han iniciado los trabajos para desarrollar un nuevo plan de usos para el Pazo de Meirás, que actualice y mejore el anterior presentado en 2020. La Xunta espera contar con la colaboración de todas las administraciones involucradas, incluyendo al Gobierno y al Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el pazo.