Crónica Galicia.

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Galicia propone prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas a jóvenes, marcando un hito en España.

Galicia propone prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas a jóvenes, marcando un hito en España.

Este martes, el Parlamento de Galicia se dispone a examinar un ambicioso proyecto de ley encaminado a salvaguardar la salud de los menores en relación a la prevención de conductas aditivas. Esta normativa fortalecería la regulación sobre el consumo de vapeadores y bebidas energéticas, estableciendo su prohibición para los jóvenes y equiparándolos a productos como el tabaco y el alcohol.

El texto legislativo, impulsado por el Gobierno gallego, obtuvo luz verde en el Consello a finales de julio y busca consolidar a Galicia como pionera en la erradicación de la venta y el consumo de estos productos entre menores, marcando un precedente a nivel nacional. La única modificación que se ha presentado proviene del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ha solicitado la devolución del proyecto por considerar que adolece de “tremenda ambigüedad” y carece de definiciones claras.

Durante la discusión inicial, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió la necesidad de esta legislación, catalogándola como “valiente” y “ambiciosa”, y destacó la importancia de unir esfuerzos a nivel social para resguardar la salud de la infancia. Caamañoexplicó que el enfoque contemplará una variedad de adicciones, incluyendo aquellas relacionadas con el juego y la tecnología, y combinará atención preventiva con una oferta regulada de productos.

Entre las disposiciones que incluye el proyecto, destaca la restricción de venta de cigarrillos electrónicos a menores. Asimismo, se ampliará la prohibición de fumar en espacios públicos cercanos a instituciones educativas y sanitarias, limitando esta actividad en un radio de 50 metros. También se implementarán medidas para reducir la exposición al humo, incluyendo la restricción de fumar en paradas de transporte público y piscinas.

La normativa contempla la intervención en el consumo de bebidas energéticas, señalando que aquellas con niveles de cafeína superiores a los 32 mg por cada 100 ml pueden ser perjudiciales para adolescentes, así como advertir sobre las implicaciones de combinarlas con alcohol, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones. Se exige que los establecimientos coloquen estos productos en áreas separadas, contribuyendo a una mayor concienciación sobre su peligro.

A su vez, el Gobierno ha señalado la necesidad de que las familias de menores atendidos por intoxicaciones reciban orientación y apoyo. En el caso de que un menor sea atendido por segunda vez, se le propondrá integrar un programa de apoyo, así como implicar a su adulto responsable. Esta norma también busca restringir las promociones de alcohol en locales que permiten su consumo y regular las máquinas expendedoras con controles de edad más rigurosos.

Una de las propuestas más llamativas del proyecto es la posibilidad de reemplazar multas por participación en programas de intervención y educación, incluyendo opciones enfocadas en dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol y otras drogas. También se concentrará en la prevención desde diferentes ámbitos, como el familiar y el educativo.

La propuesta legislará sobre las competencias de las distintas administraciones, alineando las capacidades de los entes locales con las normativas existentes sobre la prevención del consumo de alcohol en menores. Asimismo, se trasladarán competencias sobre la imposición de sanciones por el botellón de los ayuntamientos a los departamentos de salud. Para potenciar la coordinación, se creará una comisión dedicada a la prevención de adicciones, compuesta por representantes de diversas áreas gubernamentales y entidades sociales.

El BNG ha manifestado su oposición a la propuesta, argumentando que la ley es “ambiguo” y que no establece claramente el contexto de aplicación de las medidas. Critican que la responsabilidad por lecciones de salud y educación recaiga en los ayuntamientos, lo cual consideran inadecuado sin el adecuado apoyo de recursos. Además, reprochan que la nueva legislación se centre en sanciones y prohibiciones en lugar de fomentar la educación y la prevención en estos temas, que, a su juicio, resulta desproporcionada considerando que se dirige principalmente a un público menor.