SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 de octubre.

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) ha presentado este lunes en el Parlamento sus propuestas para los presupuestos de la Xunta correspondientes al próximo año, centrándose en la necesidad de desbloquear el fondo de cooperación, que, según afirman, ha permanecido "estancado" desde el año 2010.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, acompañado por los vicepresidentes, entre ellos el alcalde de Poio, Ángel Moldes, el regidor de San Sadurniño, Secundino García, y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, ha mantenido una serie de reuniones con los portavoces de diferentes grupos políticos, como Ana Pontón del BNG, José Ramón Gómez Besteiro del PSdeG y Armando Ojea del grupo mixto.

Se esperaba también un encuentro con el portavoz del PP, Alberto Pazos, aunque por problemas de agenda aún no ha podido concretarse. La Fegamp ha expresado su deseo de que esta reunión ocurra "lo antes posible".

En el comunicado emitido, la federación destacó la "gran receptividad" mostrada por los diferentes grupos a sus demandas, las cuales habían sido previamente aprobadas por sus principales órganos decisionales.

Las propuestas están principalmente dirigidas a exigir la adecuación del Fondo de Cooperación Local (FCL), el cual ha estado "congelado" en 112 millones de euros desde 2010 en su parte incondicionada, que es aquella que reciben todos los ayuntamientos.

En este sentido, plantean que los recursos que obtengan los municipios a través de este fondo tengan carácter de financiación incondicionada, incluso los 5,4 millones que la Xunta tiene previsto destinar en los presupuestos de 2025 específicamente para ayuntamientos con menos de 15.000 habitantes, siempre que esta línea se mantenga.

La Fegamp también pide que la parte condicionada del fondo, que en los presupuestos de 2025 superó los 40 millones de euros, sea integrada al fondo incondicionado para todos los municipios, sin distinguir por población.

Para una distribución más equitativa de los recursos, se solicita que se consideren criterios como la población, la superficie, la existencia de núcleos poblacionales y el porcentaje de personas mayores de 65 años.

Desde hace años, la Fegamp continúa reivindicando que tanto la Xunta como el Ministerio de Derechos Sociales asuman el 100% de la financiación para el servicio de ayuda a domicilio.

Además, ha pedido la creación de un "fondo específico anual" destinado a cubrir la totalidad de los costes de las escuelas infantiles municipales derivadas de la implementación de la gratuidad. En 2025, estos costes se estimaron en aproximadamente 30 millones de euros, frente a los 5 millones asignados.

La federación ha hecho hincapié en la necesidad de establecer un fondo específico anual que fomente el equilibrio demográfico territorial.

En el ámbito de la salud, ha solicitado que se cubran el 100% de los gastos de las 13 Unidades Asistenciales para la Drogodependencia desde el inicio del año, a la espera de su integración en el Sergas, lo que les permitiría independizarse de los respectivos ayuntamientos.

Asimismo, urge a la Xunta a incluir en los presupuestos los fondos necesarios para aceptar la cesión de los centros de salud que han finalizado su proceso y que están a la espera de aprobación. Además, solicita que los recursos destinados a la atención básica sean permanentes, sin depender del crecimiento o decrecimiento del Fondo de Cooperación Local y que se incluya en esta partida a los consultorios que forman parte de los Grupos I y II del convenio, que pueden tener gastos significativos.

En lo que respecta a la educación, la Fegamp demanda nuevas asignaciones para afrontar los costes adicionales que conlleva el mantenimiento de los centros de enseñanza primaria.

Finalmente, la federación ha expuesto sus propuestas en el marco del futuro proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, exhortando a la Xunta a "fortalecer" las funciones de la Comisión Galega de Cooperación Local, instando a convocarla de forma regular y, en todo caso, antes de la aprobación de los presupuestos de la Xunta o de las normas que regulen el régimen local.

Asimismo, propone la creación de un organismo paritario que asegure el respeto de la autonomía y competencias de los municipios.

Por último, plantea la necesidad de cambiar el régimen actual de consulta a las asociaciones de municipios, estableciendo su obligatoriedad y extendiendo el plazo para emitir informes a 15 días.