La oposición en Santiago bloquea los presupuestos, forzando a la alcaldesa a sometérselos a una cuestión de confianza.

El pasado 25 de marzo, los presupuestos municipales de Santiago, que superan los 148 millones de euros, no lograron avanzar en el pleno, debido al voto en contra del Partido Popular (PP) y a la abstención de las concejalas no adscritas y el PSOE. La única formación que respaldó este proyecto fue el bipartito formado por el BNG y Compostela Aberta.

Esta situación ha llevado al gobierno local, bajo el liderazgo de Goretti Sanmartín, a plantear la aprobación de los presupuestos como una cuestión de confianza. Este crucial paso se discutirá en un pleno extraordinario convocado para este jueves a las 09:00 horas, una decisión que se anunció tras la finalización de la sesión del día anterior.

Durante su intervención, la alcaldesa criticó la postura del resto de la corporación y llamó a reflexionar sobre el bienestar de los ciudadanos de Santiago. “¿Qué se gana con la falta de presupuestos?”, preguntó retóricamente, respondiendo que nada se ganaría y que aquellos que no apoyan la propuesta están retrasando su implementación.

El pleno del jueves servirá para votar la confianza en la alcaldesa, un proceso que, si no resulta favorable para ella, activará un periodo de 30 días tras el cual los presupuestos se aprobarían automáticamente, a menos que se presente una moción de censura.

El portavoz del PP, Borja Verea, no perdió la oportunidad de cuestionar el proceso, refiriéndose a sus oponentes como el “tripartito de los líos”. Con un tono sarcástico, destacó que, dado que el PSOE y las concejalas no adscritas no desean que él asuma la alcaldía, “en 30 días, estos presupuestos estarán aprobados”.

Las concejalas socialistas y no adscritas, que antes apoyaron la investidura de Sanmartín y habían respaldado presupuestos anteriores, han expresado críticas en torno a las negociaciones recientes. El no adscrito Gonzalo Muíños lamentó el “incumplimiento” de acuerdos y acusó a la alcaldesa de usar “populismo”, defendiendo su postura de que su grupo se diferencia de los demás partidos en el Ayuntamiento.

Marta Abal, del PSOE, criticó un nuevo intento por desviar la responsabilidad de las decisiones hacia la oposición, insistiendo en que los presupuestos no cumplen con las necesidades de la ciudad.

El concejal de Hacienda, Manuel César, defendió la propuesta presupuestaria al destacar el compromiso del equipo de gobierno para mejorar el “bienestar colectivo” y avanzar hacia una “Compostela diversa e igualitaria”. Aseguró que muchas propuestas habían sido negociadas, destacando la mejora de parques infantiles y obras en instalaciones deportivas.

Además, César indicó que el presupuesto facilitaría la asignación de 8,7 millones para un nuevo contrato de transporte urbano y aumentaría el financiamiento para servicios de madrugadores y comedor, así como para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

La partida destinada a personal experimentará un incremento significativo, pasando de 41,1 millones en 2025 a 45,8 millones en 2026, representando un 31% del total del presupuesto municipal y permitiendo la creación de nuevas plazas laborales.

La teniente de alcaldesa, María Rozas, resaltó que el gasto social asciende a 177 euros por habitante, superando a otras ciudades gallegas como Vigo y A Coruña, y expresó su frustración por el hecho de que el debate se haya centrado en “tácticas” en lugar de en “políticas públicas”.

Por otro lado, el líder del PP calificó el presupuesto de “suspenso”, sugiriendo que se trata de otro capítulo del “tripartito de los líos”. Criticó la presión fiscal y argumentó que las propuestas de su gestión futura serían considerablemente más ambiciosas.

Gonzalo Muíños, crítico de forma abierta, decribió ciertas partidas como “ficticias”, señalando especialmente las relacionadas con multas y sanciones. Este punto ha resaltado una línea de desacuerdo, al igual que Marta Abal, quien aseguró que, a pesar de ser los presupuestos más altos de la historia, la inversión ha caído drásticamente, poniendo en riesgo fondos comprometidos anteriormente.