La Xunta y el Ayuntamiento de Santiago enfrentan tensiones en política de vivienda

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acusa a la Xunta de boicotear la implementación de la zona tensionada en el mercado residencial de la ciudad. Desde su entrada en vigor en julio, las cifras de contratos de alquiler han caído un 55 % en dos meses, según datos autonómicos, aunque el Ayuntamiento cuestiona la fiabilidad de estos datos y su interpretación.

Este enfrentamiento refleja la tensión política y administrativa en torno a las medidas para abordar la crisis de vivienda en Galicia. Mientras el Ayuntamiento apuesta por la zona tensionada y otras medidas locales, la Xunta mantiene su enfoque en ampliar el parque de vivienda y en mecanismos de control de precios, pero sin colaboración explícita con el consistorio.

Las implicaciones de esta disputa afectan la eficacia de las políticas públicas en vivienda. La alcaldesa denuncia que la falta de colaboración de la Xunta limita la capacidad de respuesta y la implementación de medidas que podrían aliviar la tensión en el mercado. La competencia en el registro de contratos y sanciones es un punto clave en el conflicto.

Desde una perspectiva política, la situación evidencia las dificultades de coordinación entre administraciones en competencias compartidas. La postura del Ayuntamiento apunta a una mayor implicación de la Xunta, que ve en ello un obstáculo para aplicar sus propias políticas de vivienda.

De cara al futuro, la tensión entre ambas administraciones podría prolongarse si no se establecen canales de diálogo efectivos. La atención se centra ahora en la posible mediación y en la voluntad de colaboración para gestionar una problemática que afecta a numerosos ciudadanos en Santiago y la región.