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Miércoles, 28 de octubre de 2026 Edición Galicia · Red Crónica
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Queremos Galego lanza la recogida de 10.000 firmas para llevar la ley Lingua Vital al Parlamento

Queremos Galego recoge firmas para llevar al Parlamento la ILP Lingua Vital, que busca reforzar el gallego en todos los ámbitos.

Redacción · Crónica Galicia 2 min de lectura

La plataforma Queremos Galego ha puesto en marcha una campaña para reunir 10.000 firmas y presentar en el Parlamento de Galicia la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Lingua Vital. El acto de arranque se celebró en la Praza de Cervantes, en Santiago de Compostela.

La propuesta busca garantizar la presencia del gallego en todos los ámbitos y para todos los usos. Su portavoz, Marcos Maceira, sostuvo que la lengua se encuentra en una situación de emergencia, aunque considera que aún puede revertirse con el compromiso de la sociedad civil y de los poderes públicos.

La ILP recoge el trabajo de centenares de organizaciones y entidades sociales que, desde hace meses, colaboran en la plataforma para consensuar una legislación favorable al gallego. El texto plantea que el gallego sea lengua vehicular, de acogida e integración en la educación, y que se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Entre sus objetivos figura también reforzar la presencia del idioma en la cultura, el audiovisual y los medios de comunicación. Asimismo, reclama derogar las normas que, a juicio de sus promotores, limitan su uso, entre ellas el decreto de plurilingüismo en la educación.

La iniciativa ya ha superado algunos trámites en el ámbito local. Los plenos de Pontevedra y Brión la han aprobado con los votos de BNG y PSOE, y está previsto que se debata en Moaña y Santiago. Este avance municipal sirve de antecedente para la presión que la plataforma quiere ejercer ante la Cámara autonómica.

El debate se produce después de que el Parlamento aprobara este mismo mes la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística, fruto de un pacto entre PP y PSOE. Para la formación A Mesa, este acuerdo supone un retroceso en la protección del gallego, por lo que la discusión sobre el futuro marco legal de la lengua seguirá abierta en los próximos meses.

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