Sanidade asegura que el 99% de los abortos en Galicia se practica en la sanidad pública
La Xunta asegura que el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron en hospitales públicos en el primer semestre de 2026, en el pleno del Parlamento gallego.
El conselleiro de Sanidade, de la Xunta de Galicia, ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo está «totalmente garantizada» en la comunidad y ha asegurado que el 99% de estas intervenciones se realizaron en la sanidad pública durante el primer semestre de 2026, frente al 96% registrado en el conjunto de 2025.
Las declaraciones se produjeron durante una interpelación en el pleno del Parlamento gallego, en respuesta a las críticas del PSdeG, que reclama incorporar expresamente este derecho a la Constitución para protegerlo ante posibles retrocesos. El responsable autonómico sostiene que la Xunta respeta los derechos de las mujeres y cumple la legislación estatal vigente.
Según el conselleiro, todas las áreas sanitarias disponen de circuitos específicos para atender a las mujeres que solicitan la interrupción, con acceso a través de los centros de orientación familiar o de los centros de salud. El recorrido asistencial incluye evaluación clínica, pruebas hospitalarias, la intervención y el seguimiento posterior. Las interrupciones de menos de 14 semanas se realizan habitualmente en hospitales públicos; las realizadas entre las 14 y las 22 semanas se ajustan a los requisitos clínicos previstos en la normativa, y las de más de 22 semanas cuentan con un procedimiento específico y la intervención de los comités clínicos correspondientes.
El conselleiro ha añadido que, cuando las circunstancias organizativas impiden la atención en un dispositivo público o la mujer opta por un centro concertado, la asistencia también está garantizada y financiada por la Xunta, con el objetivo de que ninguna paciente vea limitado su derecho por motivos económicos, organizativos o territoriales. Respecto al registro de profesionales objetores de conciencia, indicó que la Consellería trabaja en una orden que recogerá los requisitos legales y de protección de datos para su creación, y aseguró que su ausencia actual no compromete la prestación.
La portavoz socialista Paloma Castro ha aclarado que su iniciativa no cuestiona los datos de actividad ni el cumplimiento de la ley por parte de la Xunta, sino que pretende conocer si el Gobierno gallego apoya que el derecho quede recogido en la Constitución española. Castro ha advertido del riesgo de retroceso por las posiciones de Vox, socio de los populares en distintos gobiernos autonómicos, y ha aludido a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de revisar la legislación en materia de objeción de conciencia y de autorización parental para menores de 16 y 17 años.
En su turno final, el conselleiro reprochó a Castro centrar su intervención en la política estatal y calificó de «ridícula» la afirmación de que existe una amenaza para el acceso al aborto en Galicia. Castro, por su parte, preguntó si el PP apoyaría una reforma constitucional para reforzar esta garantía. El debate deja así abierta la cuestión de la protección constitucional del derecho, mientras la Xunta insiste en que seguirá cumpliendo la legislación vigente.