El pasado 17 de julio, en Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, decidió no sumarse a la iniciativa liderada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales. Esta iniciativa consistía en una carta dirigida a los ministros de Exteriores de los 27 estados miembros de la Unión Europea, solicitando que el catalán, gallego y euskera sean reconocidos como lenguas oficiales en el ámbito europeo.

Fuentes cercanas a la Presidencia de la Xunta confirmaron a Europa Press que, aunque el lehendakari propuso a Rueda participar en la misiva, no se discutió el contenido de la misma, ya que el presidente gallego optó por no involucrarse en la propuesta.

El Gobierno gallego enfatiza que su postura respecto a este asunto es conocida desde hace tiempo, recordando que hace dos meses fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Rueda y su equipo subrayan que existen prioridades más relevantes para el futuro del gallego que la mera ampliación de su uso administrativo en las instituciones europeas.

La Xunta también señala que los escasos recursos del Gobierno central en el ámbito europeo deberían enfocarse en la obtención de más fondos de cohesión para el sector primario, en lugar de en decisiones que tendrían un impacto limitado en la promoción lingüística.

Además, el Ejecutivo regional reitera su compromiso absoluto con el gallego, considerándolo un patrimonio valioso. Señalan que no permitirán que el gallego sea utilizado como una moneda de cambio en las negociaciones entre Madrid y los movimientos independentistas.

Por su parte, la carta, que fue redactada en inglés y menciona a diversos autores que han escrito en las lenguas regionales, argumenta que tras 40 años de la entrada de España en la comunidad económica europea, ahora es el momento apropiado para elevar estas lenguas a un estatus oficial en las instituciones de la UE.

Los firmantes de la carta añaden que la singularidad de la situación lingüística de España justifica esta petición, destacando que ha sido un reclamo que data de años atrás, y que las garantías ofrecidas por España deberían facilitar la igualdad en este ámbito.

La misiva también recuerda que el tema fue discutido durante las negociaciones de adhesión en 1985, aunque se pospuso, y que la lucha por los derechos lingüísticos no ha cesado, evidenciado en acuerdos alcanzados en 2005 para su uso en el ámbito comunitario.

Destacan que estas tres lenguas son habladas cotidianamente por millones de ciudadanos y que poseen una producción cultural equivalente a la de lenguas ya reconocidas como oficiales.

Illa y Pradales enfatizan que la historia, cultura e identidad de España están profundamente entrelazadas con su diversidad lingüística, al igual que la identidad europea: “Europa y España no se comprenden plenamente sin las contribuciones contemporáneas del catalán, gallego y vasco”.

Subrayan que la narrativa del multilingüismo en España ha sido complicada, marcada por épocas de negación y represión, pero que, tras la restauración democrática, se ha recuperado esta rica diversidad.

Teniendo en cuenta que está incorporado en la Constitución, argumentan que estas lenguas ahora operan como oficiales, siendo esenciales en múltiples esferas sociales y como pilares de cohesión y estructura social.

Ambos presidentes consideran que esta solicitud responde a una justa reivindicación social que cuenta con amplio respaldo y que amplía los principios fundacionales de la UE. Se plantean la dificultad de explicar a los ciudadanos españoles la falta de resolución en este asunto.

"¿Cómo justificar ante la ciudadanía que una Unión Europea fundamentada en ‘Unidos en la diversidad’ imponga un modelo de ‘un estado, una lengua’ en un país que se define como multilingüe?", reflejan sus preocupaciones.

Para los líderes regionales, lograr el estatus oficial sería asimismo una manera de reforzar el compromiso y la identificación de los ciudadanos con la UE. El reconocimiento, argumentan, será la señal más palpable por parte de las instituciones europeas: “Es el momento de culminar un proceso que ha durado cuatro décadas. Es hora de fortalecer Europa y su diversidad” concluyen.