El Partido Popular ha manifestado su preocupación ante una reciente normativa que, según ellos, abrirá la puerta a lo que consideran una "barra libre" de Viviendas de Uso Turístico (VUT). En contraste, los propietarios de estas viviendas han solicitado al Gobierno que deje de usarlos como "chivos expiatorios" para sus deficiencias en la gestión pública.

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha culminado el proceso de aprobación de una ordenanza que regula las VUT, con el respaldo del BNG, Compostela Aberta (CA) y el PSOE, mientras que el PP se opuso a la medida.

Durante su intervención, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, subrayó la importancia de restringir este tipo de viviendas. Afirmó que las acciones del ejecutor local están "avanzando en la dirección correcta", evidenciando que la oferta de vivienda comienza a recuperar inmuebles que anteriormente se destinaban al alquiler turístico.

En su discurso, Lestegás también instó a la Xunta a que elimine del registro a aquellas viviendas que carezcan de la correspondiente licencia municipal. En este contexto, reveló que ha solicitado una reunión con el director de la Axencia de Turismo de Galicia, aunque todavía no ha recibido respuesta a su petición.

Por su parte, María Rozas, concejala de Derechos Sociales de CA, expresó que a partir de ahora se puede vislumbrar el futuro de Santiago "con un óptimo renovado". Aclaró que el objetivo no es expulsar a los turistas, sino asegurar a los residentes compostelanos un hogar en el que vivir. Rozas indicó que, aunque no los cambios se verán de inmediato, se están observando avances con la incorporación de entre 70 y 90 inmuebles al mercado en los últimos meses, y se mostró optimista acerca de que esa cifra aumente.

El PSOE, por su parte, reafirmó su postura en la sesión del pleno, recordando que su apoyo a la regulación en junio provocó un expediente a algunos concejales socialistas por ir en contra de la dirección del partido. Mercedes Rosón defendió que en Santiago se ha comenzado "el camino correcto" para abordar la crisis de vivienda, sosteniendo que las medidas implementadas "ya están dando resultados".

Rosón hizo hincapié en la importancia de la regulación iniciada en diciembre de 2019, planteando qué pasaría si no se hubiera comenzado con dicha normativa. Cuestionó a sus rivales políticos, el PP y el BNG, por no haberse formulado esa pregunta en el pasado y celebró la rectificación de la alcaldesa Goretti Sanmartín, quien ahora se encuentra del lado correcto en la defensa del uso residencial de la vivienda.

El portavoz del PP, Borja Verea, criticó lo que considera un "gravísimo error" por parte del gobierno local, asegurando que la norma permitirá que en los próximos dos meses casi todas las viviendas de Santiago puedan ser clasificadas como VUT, convirtiendo la ciudad en una verdadera "barra libre" de viviendas turísticas. Verea subrayó que tal medida no solo no mejorará las políticas de vivienda y turismo, sino que es un paso más en un cúmulo de decisiones incorrectas que han dejado al casco histórico en una situación desoladora.

El portavoz popular insistió en su apasionado compromiso hacia el casco histórico, afirmando que ninguna de las 25 concejales ama más este tema que él mismo, y planteó su deseo de recuperar "el alma familiar, residencial y habitable" de esta zona. También enfatizó la necesidad de que las VUT se encuentren en el casco histórico precisamente para facilitar la rehabilitación de inmuebles en esta área tan emblemática.

En respuesta, Iago Lestegás defendió la iniciativa del Gobierno señalando que la regulación representa "un avance significativo". Acusó al PP de haber intentado convertir a Santiago en un destino de alojamiento turístico y de colaborar con la administración autonómica en la transferencia de cientos de viviendas fuera de la normativa urbanística vigente.

Sobre la implementación de usos de hospedaje en inmuebles históricos, Lestegás aseguró que no se permitirá que Santiago se convierta en un mero piso turístico. Aclaró que solo se podrán acondicionar viviendas que cumplan todas las normativas de seguridad y accesibilidad, además de la compatibilidad con las regulaciones de la comunidad de propietarios.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, también intervino durante el pleno, defendiendo la norma frente a las protestas de algunos propietarios presentes. Manifestó que, tras la aprobación de esta ordenanza, será fundamental observar sus efectos, anticipando que pueden ser positivos.

Sin embargo, Borja Verea le reprochó la "gran mentira" que, a su juicio, había empleado para "engañar" a los propietarios, sugiriendo que muchos de los votos que obtuvo el PSOE se debieron a esta situación. Sanmartín respondió que no se iba a dejar llevar por las "difamaciones del PP".

En una declaración en representación de los propietarios de VUT, Estrella Ferreiro criticó la postura de Lestegás, acusándolo de adoptar "conductas éticamente cuestionables". Lamentó que, a pesar de contar con más de 6.198 viviendas vacías en Santiago, el enfoque del gobierno se centre únicamente en las 681 viviendas registradas como VUT. “Las consecuencias de este error las sufrirán todos los implicados en el asunto”, agregó Ferreiro.

Además, acusó al gobierno local de facilitar la entrada de fondos de inversión alemanes en el mercado inmobiliario y demandó que dejen de utilizar a los propietarios de VUT como "chivos expiatorios" para desviar la atención de sus fallos en la gestión pública. Ferreiro concluyó su intervención sugiriendo que el Gobierno elabore diagnósticos correctos y adopte medidas adecuadas para abordar el problema de la vivienda, instando a cumplir lo prometido durante la campaña electoral.

El pleno de este lunes, que había sido pospuesto previamente debido a las fuertes lluvias que afectaron a Valencia, comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las inundaciones, un momento que fue respaldado por todos los grupos del Ayuntamiento, quienes expresaron sus condolencias y solidaridad.

Finalmente, también se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como una condena por el "asesinato homófobo de Samuel Luiz", dejando claro el compromiso del consistorio con valores de justicia y respeto a los derechos humanos.