En el desarrollo de un caso que ha captado la atención mediática y política, el inspector que redactó el informe fundamental para la operación en cuestión ha resaltado la figura del conocido narcotraficante gallego Sito Miñanco como un personaje de gran ingenio y liderazgo en su ámbito.

MADRID, 18 de noviembre. La defensa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha presentado un escrito formal ante la Audiencia Nacional, donde desde hoy enfrenta cargos por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En este documento, Boye y su defensa argumentan en contra de una supuesta reunión entre el polémico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, mejor conocido como Sito Miñanco, el abogado Boye y el encausado Pedro González Rubio.

De acuerdo con lo expuesto en el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al que tuvo acceso Europa Press, se han identificado 16 movimientos migratorios de González Rubio. Estos registros demuestran que estuvo en Colombia del 10 al 21 de febrero de 2017, lo que contradiría la acusación del fiscal de que se encontraba en el despacho de Boye en Madrid el 14 de febrero de ese mismo año.

Es importante recordar que Boye fue acusado por supuesta complicidad en una operación destinados a recuperar la considerable suma de 889.620 euros que fueron incautados a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017. Las autoridades creen que los narcotraficantes contactaron a Boye y a otro abogado, Jesús Morán Castro, para que prepararan documentos que justificaran el origen legal de esos fondos.

Por lo tanto, Gonzalo Boye y otros dos abogados se enfrentan a un juicio por su supuesta participación en la creación de documentos y contratos relacionados con la recuperación del dinero incautado por la Policía. La acusación busca una pena de 9 años y 9 meses de prisión para Boye, además de una multa de 2,7 millones de euros por los delitos de blanqueo y falsificación de documentos oficiales.

Al comienzo del juicio, el tribunal, encabezado por el magistrado Alfonso Guevara, decidió no suspender la vista para esperar la liberación o extradición de uno de los acusados, actualmente cumpliendo condena en Senegal, ni por la ausencia de otro de los encausados, Robert Miller.

El tribunal subrayó que ya había aceptado que los acusados declaren al final del juicio y que no habrá exención para ninguno de ellos, a excepción de uno cuya presencia no se consideró necesaria por cuestiones de salud. Se trataba de delitos graves, por lo que se insistió en mantener la integridad del procedimiento judicial. Asimismo, señalaron que las cuestiones de nulidad planteadas por la defensa deberán resolverse en la sentencia final.

Las objeciones de la defensa de Boye, que incluyeron la anulación de la entrada y registro en su despacho en octubre de 2019, así como las actas y los informes policiales generados durante la operación, todavía quedan sin respuesta.

Boye también buscó la anulación de tres documentos incautados, argumentando que pertenecían a su equipo jurídico y estaban relacionados con su estrategia de defensa, lo cual podría comprometer su derecho a un juicio justo.

El juicio continuó con el testimonio del inspector que dio inicio a la apertura de este proceso judicial, que involucra a Sito Miñanco y a casi 50 personas más, debido a diversas acusaciones entre las que se incluyen el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El inspector resaltó que la investigación comenzó cuando las autoridades recibieron información credenciales sobre la reactivación de actividades de la organización de Sito Miñanco, a pesar de que este cumplía condena en un régimen de tercer grado penitenciario en Algeciras.

El inspector declaró que se pudo confirmar que había indicios de que el narcotraficante se encontraba realizando múltiples reuniones fuera de su residencia. Afirmó que Miñanco se mantenía en contacto con personas con antecedentes delictivos significativos, y que pasaba tiempo en lugares como Marbella, conocida por ser un punto caliente en el tráfico de drogas a nivel mundial.

Además, hizo hincapié en que, a pesar de su situación penitenciaria, Miñanco viajaba frecuentemente a Madrid, manteniendo un control riguroso sobre la organización que lideraba.

La figura de Sito Miñanco fue descrita por el inspector como un "gran líder" y un individuo extremadamente organizado que controla cada aspecto de su organización. Dijo que, aunque es aparente que trata bien a su gente, también es muy estricto y no duda en reprender a aquellos que no cumplen sus exigencias.

Durante el interrogatorio, el fiscal indagó acerca de la estructura organizativa del grupo criminal y el papel de cada uno de los imputados, con especial interés en las funciones de Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, quienes eran considerados figuras clave en la red de Miñanco.

El inspector también explicó cómo se llevaron a cabo dos operaciones que culminaron con la incautación de más de 4.000 kilos de cocaína a la organización, incautaciones que se produjeron durante intentos de introducir la droga en España mediante un buque y un contenedor proveniente de Holanda.

Se mencionó que la organización estaba involucrada en numerosos viajes, que se sospecha están ligados a la entrega de dinero. Los ciudadanos colombianos que operaban en Madrid estaban implicados en un elaborado sistema de transporte, donde García Arango participaba en muchas ocasiones, y que utilizaban vehículos adaptados para esconder tanto drogas como efectivo.

Una curiosidad reportada durante los registros de la operación fue el hallazgo en la residencia de Sito Miñanco de un listado de matrículas de vehículos de las fuerzas de seguridad, incluyendo las de la Guardia Civil y otros grupos de crimen organizado.

Antes de que comenzara el juicio, Gonzalo Boye llegó acompañado por representantes políticos de Junts, quienes manifestaron su apoyo, mientras que el portavoz de la formación, Josep Rius, calificó las acusaciones contra Boye como un "montaje" con motivaciones políticas evidentes.

Al finalizar la jornada, Boye declaró que estaba siendo perseguido "por ejercer su labor como abogado". Expresó su preocupación por la vulneración de su secreto profesional y su derecho a la defensa tras las registraciones en su despacho legal.

El abogado enfatizó que enfrentaba acusaciones especulativas y defendió que había presentado pruebas objetivas y técnicas que refutan las acusaciones, lamentando que la Fiscalía basara su caso en la declaración de un testigo considerado un "presunto asesino" que cambió su testimonio para obtener su libertad.