La Audiencia Nacional ha decidido actuar contra un total de 46 individuos y 5 entidades jurídicas implicados en una de las operaciones de narcotráfico más grandes provenientes de Galicia. Este lunes, comienza el juicio que pondrá frente al estrado al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien enfrenta acusaciones graves por blanqueo de capitales. El caso también involucra al conocido narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y un amplio grupo de personas que operaban bajo su mando.

El abogado Boye fue señalado por la magistrada María Tardón del Juzgado Central de Instrucción número 3, quien apunta a su posible implicación en un plan para recuperar la considerable suma de 889.620 euros, que había sido confiscada por la policía en el aeropuerto de Madrid-Barajas en 2017. Los fondos, que estaban siendo transportados de manera clandestina en maletas por "correos humanos" hacia Colombia, fueron interceptados, lo que llevó a los narcotraficantes a contactar a Boye y a otro abogado, Jesús Morán Castro, para que crearan papeles que justificaran el origen del dinero.

El abogado y otros dos colegas se enfrentarán a serias acusaciones en el banquillo por ayudar a la creación de documentos que permitieran recuperar el dinero incautado. La fiscalía ha solicitado para Boye una condena de 9 años y 9 meses de prisión, así como una multa de 2,7 millones de euros, citando delitos de blanqueo de capitales y falsificación.

En el caso de Sito Miñanco, la situación es igualmente grave. La Fiscalía Antidroga pide una pena de 31 años y 6 meses de cárcel, además de una multa de 950 millones de euros, debido a su implicación en tráfico de drogas dentro de una organización criminal, así como por blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

Todos los acusados están conectados con la llamada "operación Mito", que se enfocó en la red que supuestamente dirigía Sito Miñanco y que intentó, sin éxito, introducir más de 4.000 kilos de cocaína en dos ocasiones distintas. Estos intentos fueron frustrados por las fuerzas de seguridad que habían estado vigilando la actividad de la organización desde 2016.

Según el informe del fiscal, la organización criminal se dedicaba principalmente a la importación y distribución de drogas, y a actividades de blanqueo, todo esto mientras Sito Miñanco cumplía una condena previa de 16 años y 10 meses en un régimen de tercer grado penitenciario, que le permitía trabajar de manera legal, aunque, como se indicó, su actividad predominante era el narcotráfico.

El fiscal sostiene que, a pesar de su situación legal, Sito Miñanco continuó llevando a cabo sus operaciones ilícitas, apoyado por un grupo selecto de individuos experimentados en el narcotráfico, quienes estaban listos para cumplir con cualquier solicitud que él hiciera.

De hecho, el Ministerio Público asevera que el narcotráfico se había convertido en el modo de vida de Sito Miñanco, que carecía de cualquier interés por rehabilitarse o reintegrarse en la sociedad. Se destaca que, a pesar de su encarcelamiento, él tomaba todas las decisiones clave dentro de la organización.

Para evitar ser detectado por las autoridades, Sito Miñanco se apoyaba en su mano derecha, Enrique García Arango, y en Juan Antonio Fernández Fernández, su hombre de confianza. Junto a ellos, un grupo de unas quince personas colaboraba con diferentes tareas que iban desde el transporte de drogas hasta labores de vigilancia.

El fiscal también informa que Sito Miñanco estableció una estructura empresarial oculta bajo la apariencia de que otros eran los propietarios, mientras él se mantenía como el único beneficiario real de los activos obtenidos ilegalmente. Esto incluía la contratación de "correos humanos" que facilitaban el transporte de los beneficios de sus actividades delictivas hacia Colombia.

La investigación policial ha revelado diversos intentos de la red de Sito Miñanco por introducir grandes cantidades de cocaína en España. Un caso notable ocurrió en octubre de 2017, cuando el buque llamado Thoran fue inspeccionado y se le encontraron 3.3 toneladas de cocaína. Otro intento se frustró en noviembre de ese mismo año en los Países Bajos, donde se descubrieron 615 kilos escondidos dentro de un contenedor.

El fiscal señala que, debido a la magnitud de sus operaciones, Sito Miñanco había forjado una alianza con otro acusado, Raymond Van Rij, quien tenía conexiones con proveedores en Ecuador y la capacidad para almacenar y vender drogas en los Países Bajos.

El juicio está planificado para comenzar este lunes. Sin embargo, varios acusados han solicitado su suspensión, argumentando que uno de ellos está cumpliendo condena en Senegal y debe estar presente para ejercer su derecho a defensa efectiva. El tribunal, que se reunirá en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, evaluará esta solicitud en la primera sesión del juicio.

Además, en un desarrollo reciente, el tribunal ha permitido que tanto Sito Miñanco como el resto de los acusados tengan la oportunidad de declarar al final del proceso, una vez que se hayan presentado todos los testimonios y periciales. Se lamenta que, tras la presentación del escrito de acusación, dos de los 48 acusados han fallecido, lo que conllevará la extinción de la causa en relación a ellos.