El juzgado de instrucción número 4 de Vigo ha declarado finalizado el sumario del crimen del garaje de Rosalía de Castro, en el que Manuel Salgado, un empresario local, fue asesinado de un disparo en abril de 2004, sin que se encuentren indicios objetivos sobre la autoría del crimen. La investigación policial original fue criticada por ser "deficiente, incompleta y carente de criterio lógico".

El procedimiento se reabrió en noviembre de 2021 debido a que se constataron numerosas dudas e incongruencias que necesitaban respuestas lógicas. La exmujer de la víctima, Marisol P.E., y su compañero sentimental en ese momento, Jaime G.S., figuraban como investigados en la causa.

El magistrado destaca varias cuestiones que quedaron sin aclarar, como el hallazgo de un cartucho de las mismas características del arma del crimen por un vecino una semana antes, lo que hace surgir dudas sobre si la muerte fue encargada a un "profesional". La posición del cadáver llevó a pensar que el agresor tenía relación previa con la víctima. Todos los indicios apuntan a que el autor se vincula con la familia de Salgado, teniendo en cuenta que sus relaciones familiares eran "turbulentas".

El hijo de Manuel y su exmujer, que estuvo investigada en la causa, fue abogado defensor de otro investigado. Una empleada de hogar mintió acerca de quiénes se encontraban en el domicilio de la exmujer esa noche. Además, se registró una llamada telefónica sospechosa de la investigada minutos antes del crimen. El juez enfatizó que nadie tuvo la iniciativa de investigar estos hechos.

Varios testigos reportaron haber visto una furgoneta en actitud vigilante cerca del garaje en los días anteriores, un vehículo alquilado por una persona relacionada con los investigados y con presuntos vínculos con el narcotráfico, pero no se aclaró nada tras las diligencias practicadas.

Cinco años antes del crimen, un sobrino de un detective privado, testigo en este procedimiento y que fue condenado anteriormente junto a la exmujer de la víctima por escuchas ilegales, compró una partida de 200 cartuchos como el usado en el crimen, y "no se descarta que parte de esos cartuchos pudiesen haber sido desviados al autor de los hechos".

La exmujer de Salgado tenía una "íntima relación" con agentes de la Guardia Civil, "especialmente de la Intervención de Armas", uno de los cuales apareció en comisaría el día que la mujer declaraba para "dar razón de un arma a nombre de ella y que tendría él depositada". Este funcionario estaba siendo investigado por asuntos internos "por desvíos o actuaciones irregulares relacionadas con las armas depositadas en intervención".

A pesar de que la hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo a la víctima, las diligencias realizadas no han permitido obtener datos objetivos sobre la autoría de los hechos, sino que se mantienen como meras "sospechas, hipótesis y conjeturas".

El juez destaca que la investigación policial fue "especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico", quizás debido a que se desplazó a algunos de los funcionarios más competentes adscritos a la Comisaría local y se los sustituyó por otros con total desconocimiento de la zona, privando así de mucha información policial y dejando muchos cabos sueltos que el paso del tiempo ha impedido solventar. También señala la poca memoria de los testigos llamados y la falta de investigación sobre las cuestiones mencionadas anteriormente.