En su reciente comparecencia, el conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, ha presentado un informe relevante en el Parlamento gallego, respecto a la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, destacando que la diferencia por el modelo tomado se eleva a 165 millones de euros. Este análisis se ha llevado a cabo sin mencionar en ningún momento la palabra controversia conocida como "sobrecoste".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. Este miércoles, Aladro ha reafirmado sus posturas previas, introduciendo matices en su exposición ante la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta. El informe en cuestión ha sido objeto de críticas y ha suscitado un intenso debate sobre su validez y los métodos elegidos por la administración gallega.

Durante su intervención, el conselleiro mayor ha reconocido que, en términos generales, la opción de realizar una licitación pública podría haber sido "más eficiente" que la actual concesión. No obstante, ha subrayado que, dadas las circunstancias económicas tras la crisis de 2008, la Xunta "no estaba en condiciones" de llevar a cabo la construcción sin afectar a otras inversiones y al cumplimiento de los objetivos fiscales necesarios.

Aladro ha resaltado tanto los beneficios como algunos fallos en la decisión tomada por la Xunta para el desarrollo del hospital. En particular, ha señalado la carencia de un estudio de viabilidad exhaustivo, que fue reemplazado por un análisis socioeconómico más limitado.

A pesar de las observaciones críticas, el conselleiro ha puesto de relieve la reducción en los plazos de construcción del hospital, cuyas obras se desarrollaron entre 2011 y 2015, así como la transferencia del riesgo a la UTE encargada de la construcción. Este punto destaca como un aspecto positivo dentro del contexto de las controversias relacionadas con el proyecto.

En respuesta a las insinuaciones de la oposición sobre un presunto "sobrecoste" de 470 millones de euros, Aladro se ha mantenido firme, ajustando la cifra a un monto que, según su criterio basado en el valor anual neto, se sitúa en unos 165,77 millones de euros, IVA incluido, un enfoque que omite el término que ha generado tanto debate.

Por su parte, la diputada del PSdeG, Elena Espinosa, ha admitido que, en un sentido estricto, no hubo sobresfuerzo financiero, pero ha insistido en que las opciones de contractualidad aplicadas condujeron a disseminar esa diferencia económica. Reiteró también que era posible realizar una financiación pública para el proyecto del Álvaro Cunqueiro y que el gobierno anterior ya había considerado un estudio en ese sentido.

Espinosa ha levantado acusaciones sobre la falta de transparencia respecto a Tomás Pérez Vidal, quien, en su momento, fue el consejero delegado de una de las empresas encargadas de la concesión. Ha solicitado aclaraciones sobre su currículum y el posible conflicto de intereses, una reivindicación ante la posibilidad de que sus vínculos pudieran traducirse en influencias no deseadas en el proceso de fiscalización. Sin embargo, Aladro defendió que Pérez Vidal no tuvo participación en la elaboración del informe evaluativo.

Desde la bancada del PPdeG, el diputado Roberto Rodríguez ha expresado su satisfacción con la confirmación de que la cifra de 470 millones no debe considerarse un "sobrecoste". A pesar de que el informe sugiere que había métodos más eficientes disponibles, ha reiterado la imposibilidad, dadas las condiciones económicas, de que la Xunta llevara a cabo el proyecto de manera completamente independiente.

El PP también disiente del criterio empleado en el informe para señalar una reducción de casi 22.000 metros cuadrados en la superficie del hospital en la ejecución de la obra, argumentando que este análisis ha sido limitado y no refleja adecuadamente el contexto del proyecto.

A pesar de que el enfoque de la comisión se extendía a otros temas, como los contratos menores durante la pandemia, la atención se centró en aquellos que implicaban a firmas asociadas con el expresidente Alberto Núñez Feijóo. En particular, surgió el tema de Eulen, que tiene familiares de Feijóo en posiciones directivas, así como Universal Support, que apoyó servicios críticos durante la crisis sanitaria.

Aladro confirmó que la pandemia afectó notablemente la capacidad contractual del Sergas en un "entorno de mercado volátil". Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, la mayoría de los contratos para mitigar las necesidades sanitarias se gestionaron por la vía de emergencia, indicando que 148 expedientes constituyeron el 47% del total de contratos.

El Consello de Contas ha recomendado que la administración priorice la concurrencia competitiva en sus procedimientos contractuales y ha apuntado a las deficiencias en la justificación de algunos de los expedientes en cuestión.

En respuesta, Rodríguez ha defendido que todo el material sobre los contratos fue entregado al Consello de Contas sin cuestionamientos legales significativos, refutando las ideas de corrupción que la oposición ha contemplado en los últimos años. Por último, Aladro precisó que el Consello de Contas no posee potestad para enjuiciar y que, si se identificara alguna responsabilidad penal, dicha información sería canalizada a la Fiscalía correspondiente.