En un clima de tensión y descontento, las asociaciones de jueces y fiscales han iniciado una huelga de tres días, programada para el 1, 2 y 3 de julio, en respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno que, según su perspectiva, atentan contra los principios fundamentales del Estado de Derecho. Durante la primera jornada, el seguimiento de la protesta alcanzó un notable 75% hasta la una de la tarde, según los organizadores.

El impacto de esta medida de fuerza se ha evidenciado en la suspensión de numerosos juicios en Galicia, donde la falta de fiscales y jueces ha afectado a todas las provincias. Desde la Cidade da Xustiza de Vigo hasta distintos tribunales en A Coruña y Santiago, múltiples casos, incluidos delitos graves, han sido interrumpidos por la ausencia de los profesionales necesarios.

Un claro ejemplo de esta situación es la suspensión del juicio por un caso de agresión sexual en Lugo, causado por la protesta de la jueza y la fiscal del tribunal pertinente. De igual manera, otro juicio por un intento de asesinato ha sido cancelado en A Coruña, evidenciando la seriedad de las repercusiones de la huelga.

Los portavoces de diferentes asociaciones, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han sido los encargados de comunicar el seguimiento de la huelga, excluyendo a grupos como Juezas y Jueces para la Democracia, quienes no participaron en la convocatoria.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado por no reconocer la huelga, alegando que carece de base legal, lo que ha llevado a que no realice recuento alguno sobre la participación en la misma. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha decidido alinearse con la postura del CGPJ, por lo que tampoco ofrecerá cifras sobre el seguimiento.

Desde el Ministerio de Justicia, se ha solicitado a las instituciones que informen diariamente sobre el número de jueces y fiscales que se ausenten, con el fin de realizar los descuentos pertinentes en sus nóminas, una medida que busca garantizar una administración responsable de los recursos públicos.

La convocatoria de huelga fue anunciada el pasado 17 de junio, con la posibilidad de disolverla si el Gobierno retiraba sus reformas, lo cual fue rechazado en una reunión anterior. Las propuestas del Gobierno buscan modernizar un sistema legal que muchos consideran obsoleto, ante la resistencia de algunos sectores de la judicatura.

El ministro Bolaños ha defendido que las reformas son necesarias para afrontar los desafíos del sistema judicial actual y han criticado los temores manifestados por los jueces y fiscales, catalogándolos como infundados. Bolaños ha destacado que históricamente, las grandes reformas judiciales han encontrado resistencia y, sin embargo, han culminado en consensos amplios que se consideran positivos en la actualidad.

Sin embargo, las asociaciones han expresado su preocupación respecto a la independencia judicial y la posible disminución en la calidad de los futuros jueces y fiscales, argumentando que se corre el riesgo de una selección ideológica y de una reducción en los estándares de formación necesarios para ingresar a estas carreras.

Por último, en cuanto a la reforma de la Fiscalía, mantienen que hay un peligro de aumentar el poder del fiscal general, quien sería nombrado por el Gobierno sin controles efectivos, lo que podría poner en riesgo la imparcialidad y la objetividad del sistema de justicia en su conjunto.