En Santiago de Compostela, el 22 de noviembre, se han producido detenciones significativas en la provincia de Pontevedra, relacionadas con una serie alarmante de robos violentos. La Guardia Civil ha arrestado a cuatro individuos, quienes están acusados de ser los presuntos responsables de al menos 12 robos con violencia e intimidación, no solo en España, sino también en territorio portugués.
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Armado, la investigación, que se ha denominado "Operación Platas", se inició el 7 de septiembre tras la ocurrencia de dos robos en los que los delincuentes utilizaron armas de fuego en establecimientos comerciales ubicados en Vilaboa y Meis. Estos actos delictivos pusieron en alerta a las autoridades, quienes estaban concienciadas de la gravedad del fenómeno delictivo en esa zona.
A medida que avanzaron las investigaciones, se constató que los delitos continuaron sucediendo con un patrón muy similar, lo que evidencia la existencia de un modus operandi específico. Durante semanas posteriores, se registraron robos en diversas localidades tales como Mos, Moaña, Redondela, Soutomaior, Ribadumia y la localidad portuguesa de Valença do Minho, lo que extendió el alcance de la actividad criminal de este grupo.
Los investigadores de la Guardia Civil lograron elaborar un perfil detallado de los presuntos autores de los delitos, lo que facilitó su identificación. De este modo, se logró localizar a tres de los detenidos, quienes son residentes en Vigo, y un cuarto implicado que vive en Rianxo. Las edades de estos individuos oscilan entre los 36 y 61 años, lo que sugiere una notable experiencia en actividades ilícitas.
Los detenidos no actuaban al azar; se desplazaban en un vehículo procedente de Vigo con el objetivo de seleccionar cuidadosamente los establecimientos más vulnerables para llevar a cabo sus robos en una fecha posterior. Esta estrategia muestra una planificación que podría haber complicado aún más la labor de las fuerzas de seguridad si no se hubiera detenido a estos individuos a tiempo.
Entre los robos atribuidos a este grupo delictivo se encuentra un asalto violento a una vivienda en Ribadumia, que tuvo lugar el 20 de octubre. En este incidente, los delincuentes accedieron al inmueble, amenazaron con armas y maniataron a los residentes, y sustrajeron dinero en efectivo. Este tipo de violencia doméstica resalta la gravedad y el riesgo que enfrentan las comunidades ante estas prácticas delictivas.
Los sospechosos llevaban a cabo sus asaltos cubriendo sus rostros con pasamontañas, guantes y otras prendas que dificultaban su identificación. Intimidaban a los empleados utilizando armas de fuego en el momento del robo y, con una rapidez inquietante, se apoderaban de la recaudación del local. La forma en que operaban demuestra la audacia con la que actuaban, desafiando a las autoridades y generando miedo entre los ciudadanos.
Las acusaciones formuladas contra ellos son graves. Se les atribuyen 11 delitos de robo con violencia e intimidación en comercios, un robo similar en una residencia habitada, así como la pertenencia a un grupo criminal, delitos por lesiones y tenencia ilícita de armas. La magnitud de los crímenes revela una preocupante tendencia al alza en la violencia asociada al crimen organizado.
Este jueves, la Guardia Civil ejecutó las detenciones y realizó importantes registros en dos domicilios en Vigo, donde recuperaron dos armas de fuego cortas, incluyendo una pistola simulada y un revólver. La operación no solo puso fin a la actividad delictiva de este grupo, sino que también logró desmantelar parte de su arsenal.
Además de las armas, los agentes encontraron varios efectos de ropa que los delincuentes utilizaron durante sus asaltos, así como bridas similares a aquellas que se habían utilizado para inmovilizar a las víctimas en el robo de Ribadumia. Esta evidencia esencial es clave para fortalecer el caso contra ellos.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cangas. Como resultado de las audiencias, se dictó prisión para tres de los sospechosos que residen en Vigo, mientras que el cuarto implicado fue liberado bajo ciertas condiciones, lo que genera interrogantes sobre la severidad de las medidas judiciales frente a la violencia que han perpetrado.
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