Los defensores de los jóvenes que han sido considerados culpables en el caso de Samuel Luiz están comprometidos a demostrar la inocencia de sus clientes o, en su defecto, a buscar una reducción de las penas impuestas.

En A Coruña, a fecha del 10 de enero, se informa que, tras la reciente sentencia emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña el 8 de enero, que estipula penas de prisión que oscilan entre 24 y 10 años para los cuatro jóvenes involucrados, el caso aún tiene un largo recorrido judicial. Esto se debe a que existe la posibilidad de presentar recursos, algunos de los cuales ya han sido confirmados, mientras que en otros casos aún se está a la espera de un análisis detallado del fallo judicial.

El Ministerio Público, según fuentes consultadas por Europa Press, se encuentra en proceso de revisión del contenido de la sentencia para determinar las acciones a seguir. La Fiscalía ha actuado como acusadora en este caso, junto a la familia de Samuel Luiz y el colectivo LGTBI Alas Coruña. Sin embargo, esta última parte aún no ha aclarado si decidirá presentar un recurso, reflexionando sobre la necesidad de que la sentencia genere "conciencia" social.

Por otro lado, los abogados defensores han adelantado que están listos para recurrir el veredicto. En particular, el abogado de Alejandro F.G., sentenciado a 20 años por asesinato, ha anunciado su intención de apelar, argumentando que en la sentencia no se mencionan agravantes ni atenuantes que justifiquen la condena. David Freire, el letrado correspondiente, cuestiona la supuesta intención de matar que se le atribuye a su cliente, sosteniendo que, si acaso, debería ser considerado culpable de homicidio. Además, plantea que se tomen en cuenta atenuantes, como el consumo de alcohol y drogas, que mencionó durante el juicio.

Freire argumenta que, de no considerarse estas atenuantes, se debería aplicar una pena menor, planteando que el rango adecuado estaría entre 15 y 20 años y que la sentencia ha impuesto "el máximo" posible, lo cual rechaza al cuestionar la fundamentación utilizada por la presidenta del tribunal.

El mismo día que se conoció la sentencia, otros abogados también afirmaron su intención de recurrir. Uno de ellos, José Ramón Sierra, defensor de Kaio A.S.C., quien fue condenado a 17 años por asesinato y tres años y medio por robo con violencia, sostiene que su cliente debió ser absuelto. Por su parte, Manuel Ferreiro, representante de Alejandro M.R., también condenado a 10 años como cómplice de asesinato, subrayó la "inocencia" de su cliente y la falta de pruebas que respaldaran la condena en su contra.

Asimismo, Luis Manuel Salgado, abogado de Diego M.M., quien ha sido sentenciado a 24 años de prisión por asesinato con la agravante de discriminación por orientación sexual -y acusado de ser el instigador del ataque-, ha resaltado la necesidad de profundizar en el análisis de la fundamentación judicial antes de tomar una decisión al respecto.

En relación con Catherine S.B., a quien el Tribunal del Jurado no consideró culpable, fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que existe la posibilidad de un recurso, aunque su éxito es "difícil". Se ha mencionado la opción de solicitar la nulidad del juicio o de la misma sentencia, aunque advierten que este proceso está "muy restringido", refiriéndose a las situaciones en las que puede ser viable. En este contexto, se enfatiza que las impugnaciones suelen abarcar "prácticamente cuestiones de forma más que de fondo".

La sentencia recalca que los jurados "en ningún momento dan por acreditado" que la joven haya participado en la agresión, y le atribuyen una actitud "absolutamente pasiva". Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que “primero trató de contener” a su entonces novio, Diego M.M., luego “separarlo”; y aunque permaneció en el trayecto de la agresión, “no lo hizo con actos absolutamente necesarios ni auxiliares para el fatal desenlace” que se produjo.