En un giro significativo en la política local de Touro, A Coruña, el concejal Darío Rey, que hasta ahora era parte del gobierno, ha decidido ceder la Alcaldía al portavoz municipal del Partido Popular (PP), Jesús Reboredo. Este movimiento se produce tras la firma de un acuerdo para presentar una moción de censura contra el actual alcalde, Roberto Castro, quien representa al Movemento Veciñal.

Un punto crucial de este acuerdo es la intención de que el Ayuntamiento se sume a los procesos judiciales relacionados con la controvertida mina de Touro-O Pino. Rey, quien asumirá la presidencia de una nueva comisión de medio ambiente, ha dejado claro que el nuevo gobierno deberá seguir sus lineamientos en esta materia.

Darío Rey, quien ocupó el puesto de 'número dos' en la lista de Movemento Veciñal, abandonó el gobierno local por diferencias profundas con Castro. La posibilidad de que esta moción de censura sea efectiva se facilitó por una reciente resolución del Tribunal Constitucional, que modificó las reglas sobre la presentación de propuestas por parte de tránsfugas.

En un comunicado, Rey criticó la inacción de los gobiernos anteriores, incluidos los del PP, que contaron con mayoría absoluta hasta 2023, por no interponerse en contra de la mina. Considera que esto es alarmante, dada la importancia del tema para el futuro de la población local y su entorno.

Asimismo, Rey reprocha que el actual alcalde no impugnó la declaración de este proyecto como "estratégico" por parte de la Xunta, teniendo una postura confusa entre los intereses de los vecinos y los de la empresa promotora.

El acuerdo que ha sido esbozado busca superar esta ambigüedad, insistiendo en priorizar el interés general del municipio. Esto incluye la defensa del medio ambiente y la salud pública, protegiendo a los ciudadanos de situaciones de vulnerabilidad frente a grandes empresas.

El compromiso del nuevo Ayuntamiento, bajo el control del PP, será el de involucrarse en todas las causas judiciales ya existentes o futuras en relación con la mina y las actividades empresariales en la zona. Este proceso deberá iniciarse en un plazo máximo de dos meses.

El acuerdo establece que no habrá respaldo institucional al proyecto minero ni a sus distintas fases, a menos que exista un mandato claro por parte de la mayoría social y política del municipio, y esto se mantendrá durante los próximos dos años de legislatura.

Además, se contempla la elaboración de un pliego de contratación pública en colaboración con el concejal no adscrito, invitando a las aportaciones de otros grupos en una comisión informativa. El objetivo es seleccionar a un equipo técnico de reconocida trayectoria y autonomía para abordar esta cuestión en un plazo de 45 días.

Este equipo, compuesto por profesionales especializados en derecho ambiental y administrativo, así como en ingeniería y ciencias medioambientales, se encargará de generar informes técnicos útiles para las causas judiciales y ofrecer asesoría al Ayuntamiento y a los vecinos en defensa de sus derechos frente a cualquier impacto derivado de la actividad extractiva.

Se organizarán reuniones informativas a instancias del concejal no adscrito y se establecerá una comisión permanente de medio ambiente, cuya dirección estará a cargo de Rey. Se espera que el PP respete sus criterios y no obstaculice sus esfuerzos, siempre y cuando cuenten con el respaldo legal necesario.

El pacto también estipula que no se llevarán a cabo convenios, acuerdos de colaboración o compromisos económicos con las empresas relacionadas con la mina de Touro mientras se mantenga este acuerdo en vigor.

Desde el PP, se ha corroborado a Europa Press que este acuerdo representa una acción responsable para asegurar la gobernabilidad y el futuro del municipio. Aunque no se pronuncian directamente sobre la cuestión minera, acusan al gobierno de Castro de no ser capaz de avanzar en presupuestos o en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación, y de haber perdido una considerable suma de ayudas.

Además, el PP señala que el actual gobierno ha estado incumpliendo acuerdos plenarios, lo que lo sitúa en una situación crítica. En las elecciones municipales más recientes, los populares se quedaron a pocos votos de recuperar la mayoría absoluta, que habían mantenido hasta 2023.