El juez respalda la suspensión de la licencia del Centro de Asociacionismo de Vigo, sin pronunciarse sobre la propiedad del inmueble.

VIGO, 26 de marzo.

El Tribunal de Instancia de Vigo, en su sección de lo Contencioso Administrativo, ha rechazado el recurso planteado por la Xunta en contra de la suspensión de la licencia de construcción destinada al Centro de Asociacionismo en un antiguo inmueble judicial situado en la calle Lalín. Esta decisión reafirma la postura del Ayuntamiento sobre el asunto.

El fallo judicial establece que, aunque la suspensión de una licencia urbanística no es una práctica común a menos que se trate de razones estrictamente urbanísticas, esta situación presenta excepciones que justifican tal medida debido a la disputa real que se está evaluando.

En su argumentación, el magistrado indica que la protección del interés público requiere la paralización de este proyecto hasta que se resuelva la crucial cuestión sobre la propiedad del edificio en cuestión.

Según la resolución, aunque el inmueble es considerado de titularidad municipal, persiste una confusión sobre su propiedad real. Por un lado, el Ayuntamiento reivindica que el edificio está inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, mientras que, por otro, la Xunta sostiene que posee el título catastral del mismo.

En el pasado, el Ayuntamiento había cedido la parcela al Estado para construir los juzgados, y posteriormente la Comunidad Autónoma asumió tanto el uso como las responsabilidades del edificio mediante un Real Decreto en 1994. Sin embargo, el Ayuntamiento aclara que el hecho de tener la titularidad catastral no implica una propiedad real y que, tras la desactivación de los juzgados, el inmueble debería regresar al uso municipal.

El juez menciona que hay una controversia clara sobre la propiedad del edificio. La Xunta ha admitido que su derecho de propiedad "no está inscrito en el Registro". Aunque intentó registrar su propiedad, el Ayuntamiento se opuso y, paralelamente, el Concello también intentó modificar la situación catastral, aunque sin éxito.

La sentencia no entra en detalles sobre las disputas de posesión, ya que la Xunta ha decidido excluir este tema del ámbito litigioso, pero sí señala que resulta incomprensible que la administración autonómica no defendiera sus derechos dentro del expediente que el Ayuntamiento abrió para reclamar el inmueble, ni que impugnara la resolución municipal. Además, el magistrado apunta que es contradictorio que, hasta la fecha, la Xunta no haya presentado ningún tipo de acción civil para formalizar su reclamación sobre la propiedad.

Aun así, el juez recalca que la alegación de propiedad a través del tiempo de posesión no es procedente en este caso, ya que se trata de un bien público y la Xunta nunca ha ejercido la posesión como "dueña". Así, el Ayuntamiento permitió la construcción y el uso del edificio, pero jamás reconoció la propiedad de la Xunta ni del Estado.

Para aclarar esta complicada situación sería vital contar con un entendimiento claro de los términos de la cesión de terrenos. La sentencia concluye que la falta de elementos probatorios impide llegar a un juicio claro sobre la titularidad del edificio, incluso a efectos prejudiciales.

SOSPECHAS DE MALA FE

Tras conocerse la resolución, Ana Ortiz, delegada de la Xunta, ha manifestado que el gobierno gallego "respeta las decisiones judiciales". Sin embargo, lamenta que esta decisión permita que cualquier administración detenga un proyecto público simplemente alegando dudas sobre la propiedad, sin que exista una declaración firme al respecto.

La delegada ha defendido que “la Xunta ha operado dentro del marco legal en relación a un inmueble que se encuentra bajo su competencia desde hace décadas” y que se le fue transferido mediante un Real Decreto publicado en el BOE.

Además, Ana Ortiz ha acusado al Ayuntamiento de Vigo de actuar "de mala fe" al anular la licencia municipal para construir el Centro de Asociacionismo, proyecto que contemplaba una inversión de 19 millones de euros por parte del gobierno gallego. "Este caso es solo un ejemplo más de cómo el Ayuntamiento de Vigo actúa en contra de los intereses de sus ciudadanos, paralizando obras esenciales", ha subrayado, añadiendo que la suspensión de la licencia resultará en un costo de casi un millón de euros para las arcas públicas, dado que fue necesario compensar a la empresa contratista por la anulación del acuerdo.